Nada de esto -y podríamos seguir con más ejemplos- es normal. Las principales instituciones del país tienen su mandato caducado desde hace años. Esto es algo que ya había ocurrido en el pasado en relación a alguno de los mencionados órganos, pero nunca habíamos asistido a un escenario de bloqueo general de todas las instituciones. En todo caso, este colapso es el colofón de un problema estructural de nuestro sistema constitucional: la colonización partidista de instituciones que deben permanecer al margen de la lógica de los partidos. Durante años las fuerzas políticas establecieron de facto un ‘sistema de cuotas’ mediante el cual -en función de su peso político en las Cortes- designaban a candidatos de su confianza para ocupar puestos en el CGPJ, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, etcétera. Este reparto de puestos era y es contrario a la lógica constitucional que exige que estos cargos se cubran por personas que, por su trayectoria y méritos, susciten un amplio consenso. Con todo, durante muchos años se funcionó así. Actualmente, como consecuencia del aumento de la polarización política, unos partidos incapaces de llegar a ningún acuerdo constructivo en el marco de las diferentes políticas públicas, incluidas las de Estado, incumplen también sistemáticamente sus obligaciones de renovar los órganos constitucionales.