Pero, sobre todo, debería sentarse inmediatamente con los partidos constitucionalistas para tratar de buscar una solución real alejada de unos indultos que, como hemos comprobado por las intenciones de los líderes independentistas, no hacen más que demostrar las debilidades del actual Gobierno, dando concesiones a cambio de nada más que un daño enorme a nuestro país. Es necesario retornar la discusión al Parlamento, a la sede de la soberanía nacional, abandonando mesas paralelas formadas por personas a las que nadie se ha elegido, sobre las que no pesa ningún tipo de rendición de cuentas ante la sociedad y sobre las que no hay ni el más mínimo control parlamentario. No puede sustituirse la política sobre las bases del Estado de Derecho por una comunidad de intereses, sea de partidos políticos o sea de organizaciones de directivos empresariales, confesiones religiosas u otros sobre los que no se puede saber cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de sus manifestaciones públicas.