La Constitución y el español.

Celebramos el cuadragésimos segundo aniversario de la Constitución española. En las circunstancias actuales es necesario recordar más que nunca: la Constitución del 78 fue producto de un gran pacto de las más diversas fuerzas políticas, de la oposición y de quienes habían ostentado altas responsabilidades en el régimen de Franco. Los padres de la Constitución, los diputados y senadores que la aprobaron tenían ideologías diferentes y pasados radicalmente enfrentados, pero todos fueron capaces de proponer a los españoles un gran acuerdo político para la convivencia, que éstos ratificaron mayoritariamente. Todos tuvieron el coraje de renunciar a algunos objetivos políticos intensamente queridos y en ocasiones defendidos durante mucho tiempo, poniendo en riesgo con ello su libertad y su vida.

Comprendieron que el objetivo podía ser mayor, más noble, más duradero, que podía superar sus legítimas y diversas posiciones ideológicas. Podían conseguir algo ni siquiera imaginado durante una historia caracterizada por el enfrentamiento civil y el trincherismo político: un marco de convivencia suficientemente amplio para que nos permitirá vivir en libertad y sin menoscabo de nuestra dignidad, pensáramos lo que pensáramos, creyéramos en quien creyéramos , habláramos en el idioma peninsular que habláramos.

Defendemos esta Constitución porque nos permitió escapar de lo que a muchos y durante mucho tiempo les pareció un destino inevitable. Defendemos esa Constitución porque el entendimiento y la renuncia a los programas máximos de los diferentes partidos fructificó en la “minina concordia”, necesaria para poder vivir libremente, sin cárceles para los críticos y exilio para los disidentes. Defendemos esta Constitución porque fue un salto en nuestra historia, que rompía las cadenas del pasado y nos comprometía con los retos del futuro, y porque nos alejaba de nuestro secular ensimismamiento, obligándonos a enfrentarnos al mundo y muy concretamente a la gran aventura europea.

Esa defensa nos obliga a rechazar la decisión que elimina en la ley de educación de Isabel Celaa la referencia al español como lengua vehicular en la enseñanza. No rechazamos la decisión de la ministra de educación porque de ella dependa el futuro de nuestra lengua, por fortuna el futuro del español no depende de las mezquindades, las cobardías y de las vergüenzas de unos políticos en continua genuflexión penitente ante los independentistas. Rechazamos su supresión porque permite al nacionalismo políticas dirigidas a suprimir la enseñanza en español en determinados territorios de España.

El gobierno sigue sin entender que cualquier concesión a los nacionalistas es entendida como un signo de debilidad que deben aprovechar. Pero si la concesión es la supresión del español como lengua vehicular, no lo entenderán como una debilidad sino como una derrota humillante del gobierno que nos representa a todos.
La educación, con ella la lengua y la cultura, no pueden convertirse en moneda de cambio, de trapicheo político , deben ser objeto de diálogo y consenso entre los grandes partidos nacionales. El acuerdo en estas materias honraría a los que desde posiciones antagónicas consiguieron el espacio de concordia – la Constitución del 78- del que hemos disfrutado estos últimos cuarenta y en el que hemos prosperado económica, social y culturalmente.

Por el contrario evitar el acuerdo con los partidos constitucionales y buscarlo con partidos que claramente desean el derrumbamiento del sistema del 78 es volver al pasado, a la España en blanco y negro, a la España que creímos enterrada y ahora amenaza con volver. No podemos permitir que estos últimos cuarenta y dos años vuelvan a ser una excepción en nuestra historia, provocada por aventureros e irresponsables.

La catadura de los adversarios, su fuerza, su ignorancia no pueden conseguir que terminemos pareciéndonos a ellos. Reivindicamos el diálogo entre los partidos constitucionalistas, defendemos la concordia social, luchamos por un espacio público tolerante, donde las lenguas españolas, la Historia y las legitimas diferencias políticas no se conviertan en instrumentos para la contienda fratricida.

El derecho a ser educado en la lengua común no debe estar sujeto a negociación política, no puede ser moneda de cambio para sostener determinadas mayorías parlamentarias. El español tiene que volver a ser reconocido como lengua vehicular en la ley de educación , y los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos españoles, expresados en cualquiera de los idiomas que hoy son oficiales en España, deben recibir el amparo y protección que merecen.

De ninguna manera estamos dispuestos a considerar la riqueza lingüística de España como un obstáculo para el entendimiento entre españoles. Fuimos muchos los que luchamos contra la uniformidad lingüística que el franquismo impuso durante cuarenta años, y somos tantos o más los que lucharemos enérgicamente para que los nacionalistas no hagan lo mismo con procedimientos distintos.

Agradecemos a Vargas Llosa que haya sido el punte entre nosotros y los españoles para celebrar unidos la Constitución del 78 y para no olvidar que derechos tan vitales para los ciudadanos como la enseñanza de sus hijos en español están siendo atacadas furiosamente por los nacionalistas ante la negligencia de quienes deberían impedirlo. No hemos podido tener un mejor portavoz, un representante más brillante que Mario Vargas Llosa.. ¡gracias!

Nicolás Redondo Terreros

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