El ministro José Luis Ábalos, nos ha vuelto a obsequiar con unas declaraciones que ponen de manifiesto su falta de capacidad para gestionar lo público, es probable que si hubieran entendido lo que significa y lo que es el Tribunal de Cuentas su ministerio no hubiera emitido los informes favorables para la concesión de ayudas que ahora investiga, precisamente, el Tribunal de Cuentas.
Tal vez por ello el ministro entiende que cualquier acción del Tribunal en ejercicio de su función fiscalizadora son piedras en el camino, especialmente en el suyo, si se considerase ilegítima la subvención otorgada a la compañía aérea Plus Ultra podrían obligarle a devolver los millones de euros que el Estado ha entregado a la misma. Pero lo grave no es el hecho de que considere al Tribunal de Cuentas como piedras en el camino, lo grave es que crea que puede desempedrar el camino, es decir, dotar de impunidad a quien es investigado por el Tribunal de Cuentas.
«Lo grave es que crea que puede desempedrar el camino, es decir, dotar de impunidad a quien es investigado por el Tribunal de Cuentas»
Por ello deberíamos recordar al Sr. Ábalos que el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional, regulado en el artículo 136, cuya función es ser el supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público; además, por suerte para todos los ciudadanos, no depende del gobierno, sino que depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación. Y por si esto no fuera suficiente, Sr. Ábalos, los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad, y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. Como verá dada su configuración jurídica resultará bastante difícil que usted, o el gobierno al que pertenece, puedan desempedrarlo. España sigue siendo un Estado de Derecho, por mucho que algunos parecen haberlo olvidado.
Si lo que pretende hacer el ministro, cuando habla de desempedrar, es dotar de impunidad a aquellos que gastaron el dinero público en celebrar un referéndum ilegal el 1-O o en iniciar un camino hacia la independencia, siento decirle que en la jurisdicción contable no caben indultos. Además, de conformidad con la Ley reguladora del Tribunal de Cuentas, la acción para la exigencia de la responsabilidad contable, en cualquiera de los procedimientos jurisdiccionales del mismo, es pública; lo que quiere decir que cualquier ciudadano puede ejercitarla y no depende de la abogacía del estado, lo cual sí podría ser preocupante.
«Dada su configuración jurídica resultará bastante difícil que usted, o el gobierno al que pertenece, puedan desempedrarlo. España sigue siendo un Estado de Derecho»
Quizás conviene recordar que el procedimiento que este mismo Tribunal inició contra los organizadores del referéndum del 9N, y que terminó con una sentencia condenatoria a los Sres. Mas, Homs, Ortega y Rigau, lo fue en ejercicio de la acción pública ejercitada por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.
Como verá Sr. Ábalos, va a resultar difícil que usted o su gobierno desempiedren; no obstante, siempre les cabe utilizar la mayoría parlamentaria que les da su pacto con los independentistas para modificar, de igual manera como lo están haciendo con el Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y vaciar a éste de competencias, y así, de paso, evitan la investigación de las subvenciones a la compañía Plus Ultra. Mejor me callo, no querría dar ideas.
Artículo de Pere Lluís Huguet publicado en El Lliberal.cat.
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