España vive tiempos extraordinarios. La pandemia del Covid-19 nos ha golpeado de forma especialmente grave tanto en términos sanitarios como económicos y ha puesto a prueba la confianza en nuestras instituciones. Las consecuencias de la crisis pueden ser devastadoras si no unimos esfuerzos y sacrificios, plasmados en un gran consenso que deben liderar los que han adquirido voluntariamente la responsabilidad de representarnos.
Los retos que afronta nuestro país son enormes y complejos. España necesita crear empleo estable y de calidad, lo que no se puede conseguir sin fortalecer y dinamizar el tejido empresarial. Para ello es imprescindible potenciar la investigación y la tecnología, mejorar infraestructuras y, sobre todo, promover la excelencia en nuestro sistema educativo. Nuestra administración pública debe ser un instrumento eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos, con la flexibilidad y la capacidad para reaccionar a los retos de una sociedad moderna y abierta. La descentralización del Estado debe acompañarse de los mecanismos de coordinación que aseguren la igualdad, la seguridad y el bienestar de todos los españoles. Nuestro sistema judicial debe recuperar su independencia, su prestigio y debe contar con los medios adecuados para la importantísima función que le corresponde.
Desgraciadamente, cuando el esfuerzo común por afrontar los enormes retos que se avecinan es más necesario que nunca, los populismos de todo tipo aprovechan para cuestionar nuestro sistema democrático. Los que denigran la Transición y niegan legitimidad a la Constitución del 78 no tienen más pretensión que debilitar al Estado, bien para facilitar la independencia de sus distintos territorios o bien para implantar modelos dudosamente democráticos.
La Monarquía parlamentaria, refrendada por los ciudadanos y encarnada en Felipe VI, constituye un pilar fundamental de nuestro sistema democrático y un nexo de unión entre todos los españoles. Se trata de una forma política de Estado homologable a los países más desarrollados y avanzados del mundo. El debate que se ha suscitado en torno a ésta no se plantea en términos teóricos o abstractos, fuera de un lugar o tiempo concreto. Lamentablemente, en la España de hoy no responde a un deseo de mejorar y perfeccionar nuestras instituciones, sino a los intereses de aquellos que pretenden debilitarlas.
En este contexto, nos sentimos obligados a reivindicar la Constitución del 78 y los más de cuarenta años de progreso y libertad que la han seguido. Es indudable, por otro lado, que tras el declive actual ha llegado el momento de la regeneración del sistema y de las reformas en muchos ámbitos, algunas de las cuales pueden tener una plasmación constitucional. Pero dichas reformas deben abordarse desde el máximo consenso político y social, no haciendo tabla rasa de todo lo conseguido y asentado durante las cuatro últimas décadas.
Los españoles podemos dar y recibir con el máximo orgullo el legado histórico de nuestros padres. Ningún error del pasado debe borrar nuestros méritos y aciertos, ni justificar la impugnación del periodo más próspero de nuestra historia. Regeneremos España, reformemos lo que se puede mejorar, pero conservemos y reforcemos lo más valioso: una sociedad abierta, democrática y unida en torno a instituciones sólidas.
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