Una se pregunta en qué especie de distopía vive cuando oye a diputados y miembros del Gobierno alentando o justificando la violencia contra los miembros de otro partido.
Cuando agredir a un policía no es motivo suficiente para expulsar de una formación política a un cargo público y que ni aun con una sentencia de por medio, se le eche.
Cuando ves que los partidos que jamás se han tomado la molestia de condenar los asesinatos de ETA, suscriben una declaración institucional conjunta para clamar contra “el auge de la violencia fomentada por la extrema derecha”.
O cuando se nombra Vicepresidente del Gobierno a alguien que llama a la policía “matones al servicio de los ricos» o al que le emociona “ver a alguien jugársela contra un antidisturbios”.
Dice Pablo Iglesias que “en democracia no todo es tolerable, el fascismo, el racismo, los ataques al feminismo y la intolerancia, eso no es aceptable en democracia y eso lo tiene que tener claro todo el mundo»
De ese tipo afirmación, bastante común en la izquierda, se extraen varias conclusiones. La primera de ellas es que es Pablo Iglesias o cualquiera que esté a ese lado del espectro político, es quien define qué o quiénes tienen cabida en la democracia. En este sentido no importa tanto lo que se nombra –con lo que estaríamos de acuerdo- sino lo que se omite.
En segundo lugar, dado el contexto en que se hace esa afirmación –lo ocurrido en Vallecas la semana pasada-, combatir mediante la violencia a cualquiera a quien se le atribuyan los rasgos mencionados –en este caso VOX-, para él, está plena y absolutamente justificado.
Ante afirmaciones como la de Pablo Iglesias o las excusas de largo de falda de tantos opinadores, la reacción de la derecha suele resumirse en un “nos llaman fascistas pero los fascistas son ellos”.
Yo creo que no es así. Entre lo que dice Iglesias que no es tolerable en democracia, falta el comunismo. Y eso, que podría parecer que no es importante, resulta clave para entender por qué el ejercer la violencia contra según quién parece estar justificado.
Los judíos han mantenido viva la memoria del Holocausto y del horror nazi y han hecho bien. Porque de otro modo, ese antisemitismo que sigue latente en la sociedad europea y sin el cual ese holocausto no hubiese sido posible, hubiese acabado siendo banalizado primero y blanqueado después.
Y a pesar de esa apelación a la memoria, el antisemitismo sigue ahí, disfrazado por la izquierda de antisionismo, aupado en la ola de proislamismo multiculturalista o simplemente agazapado en esos prejuicios atávicos de los que Europa, a pesar de todo, aún no se ha desprendido.
Sin embargo, los crímenes del comunismo no han corrido la misma suerte. Hasta hace nada, no sólo no han encontrado quien los recordase o quien los condenase, sino que sus símbolos y los rostros de personajes tan siniestros como Lenin o el Ché Guevara, se han convertido en iconos pop sin que causen el mismo horror que una esvástica o la cara de Hitler.
Tuvo que ser la caída del muro de Berlín y la creciente importancia en la UE de países que padecieron en sus carnes el comunismo o que fueron obligados a formar parte de la URSS, lo que propiciase que se empezaran a equiparar el nazismo y el fascismo con el comunismo.
El reconocimiento oficial de esa equiparación y del Black Ribbon Day –primer paso de esa reivindicación- vino de la mano de la resolución del Parlamento Europeo de 2009 “sobre la conciencia europea y el totalitarismo” a partir de la cual pasó a conmemorarse el Día Europeo de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo.
Se eligió para esta conmemoración el 23 de agosto, el día en que en 1939 se firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop entre la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi, con el que los dos regímenes totalitarios pretendían “conquistar el mundo y repartirse Europa en dos zonas de influencia” y que supuso la invasión de la República de Polonia “en primer lugar por Hitler y, dos semanas después, por Stalin” (…) “ que la Unión Soviética comunista comenzara, el 30 de noviembre de 1939, una agresiva guerra contra Finlandia y, en junio de 1940, ocupara y se anexionara partes de Rumanía y las repúblicas independientes de Lituania, Letonia y Estonia”.
El entrecomillado se corresponde con la resolución, también del Parlamento europeo del 19 de septiembre de 2019 en que afirma que “los detonantes de la Segunda Guerra Mundial no fueron el tratado de Versailles ni los acuerdos de Munich del octubre de 1938, sino el Pacto Molotov-Ribbentrop” y condena de nuevo, por igual los regímenes nazi, fascista y los regímenes comunistas.
Hay países, como Alemania en que esa condena y la prohibición de partidos de cualquiera de esas ideologías, están en su ordenamiento jurídico.
En España, no. Aquí tenemos un partido comunista integrado en la coalición de Gobierno, una vicepresidenta del mismo miembro del Partido Comunista; un exvicepresidente y candidato a las elecciones de Madrid que se declara comunista, y así multitud de políticos que blanquean y enaltecen un régimen criminal y que por lo mismo, se sienten moralmente autorizados para justificar la violencia contra los que ellos llaman fascistas.
La equiparación ente el nazismo, el fascismo y el comunismo, es la segunda transición pendiente en España.
Artículo de Gari Durán publicado en El Español.
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