Según Arrimadas, estas medidas del Gobierno de España solo buscan comprar el voto de jubilados y empleados públicos. En el fondo, no es extraño, ya que es lo que habitualmente hacen todos los partidos: más allá de la posición ideológica de cada cual, toman decisiones que los beneficien electoralmente, independientemente de que tales medidas mejoren la situación general de España y de la mayoría de sus ciudadanos. Según Arrimadas, ambas medidas son no solo demagógicas sino además injustas y contraproducentes. Porque no harían sino agrandar dos brechas que llevan tiempo abiertas en España y que ponen en peligro la propia estabilidad del sistema: por un lado, la brecha intergeneracional entre mayores y jóvenes, dado que, mientras que a los primeros se les incrementan las pensiones y tienen una retribución asegurada para el resto de su vida, los jóvenes sobreviven con empleos precarios y son cada vez más pobres, eso cuando no están en el paro; y, por otro lado, la brecha entre los empleados públicos, cuyos puestos de trabajo están salvaguardados y disfrutan de buenos sueldos, y los empleados del sector privado, que padecen condiciones laborales muchas veces precarias y cuyos sueldos apenas se han incrementado últimamente. Este argumento ha ido cogiendo fuerza en los últimos tiempos, tanto en las tertulias políticas como entre los ciudadanos de a pie, especialmente entre aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. Pero es que ni tertulianos ni los ciudadanos de a pie se presentan a las próximas elecciones.