Las personas (y el reflejo que proyectan en los partidos) se definen por una serie de características propias, siendo una de las más importantes su perfil de riesgo. Por un lado están aquéllos que tienen aversión al riesgo, el carácter más habitual y el que está presente en la mayor parte de las tomas de decisiones. Y, por otro lado, se encuentran los que aman el riesgo y dirigen sus actuaciones sabiendo que la probabilidad de que salgan mal es muy elevada.
Sin embargo, existe una categoría muy reducida de personas que carecen del más elemental perfil de riesgo, ni siquiera se les puede calificar como proclives al riesgo. Éste es el caso de nuestro Gobierno de coalición en España, nacido de una precariedad original como es gobernar con el menor número de escaños de apoyo directo y los más heterogéneos de la Democracia. Con un sólo principio fundamental que es el de la supervivencia, desde su toma de posesión se ha empeñado en experimentar todas y cada una de las combinaciones parlamentarias existentes con tal de sobrevivir unos meses más, sin reparar en el enorme coste que a futuro tienen la gran mayoría de las decisiones que toman.
En este triste campo de juego es donde está teniendo lugar una de las peores infamias que hasta ahora se han cometido en pro de la «geometría variable»: la aprobación de la Ley de Memoria Democrática gracias a un pacto explícito entre el Gobierno y EH Bildu. Un hecho tan grave como este como es pasar por encima del marco constitucional vigente con una «ley especial» que nace sin el consenso de la gran mayoría de la Cámara, no puede pasar desapercibido para la sociedad española. Extendiendo el rango de actuación de la ley hasta 1983, lo que ha provocado el Gobierno es un cisma en el consenso constitucional sin la más elemental seguridad jurídica y sin el más mínimo acuerdo.
El Gobierno y el PSOE, partido fundamental para el desarrollo democrático de España en la Transición, no deberían pagar semejante peaje por seguir aprobando leyes sobre las que existe un rotundo rechazo de la ciudadanía. Siendo muy loable el trabajo sobre las víctimas del franquismo, no hay pago posible de este calibre para sacar adelante esta Ley. No estamos sólo ante un acto de insensatez, estamos ante un ataque directo al pacto del 78 con todo lo que eso conlleva a futuro.
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