La situación es más preocupante cuando la negativa a dimitir encuentra apoyo cerrado -hasta el momento- en el partido político de una imputada judicial por un repugnante caso de abuso sexual de una entonces menor bajo la tutela oficial de una ex vicepresidenta. O sea, que no se trata solamente de un empecinamiento personal, individual, sino también de una estrategia partidista que arrasa la democracia como sistema político, ese sistema que debe estar basado en la honestidad, objetividad, transparencia y buen gobierno. La ceguera política de no asumir responsabilidad en el ejercicio de funciones públicas no puede llevarnos a negar otro efecto nocivo para la ‘res pública’: el mal ejemplo para las nuevas generaciones que, un día cercano, habrán de tomar el relevo. La democracia es una escuela de ciudadanía, una lección permanente y constante de buen gobierno, y ¿qué modelo de gobierno se inculca a los nuevos dirigentes ante la injustificable y numantina posición de una política que se resiste y se niega a rectificar su ejecutoria? Le asiste, desde luego, la presunción de inocencia, pero abandonar precautoriamente el cargo no equivale a condena judicial alguna, ni la presupone. En cambio, hablaría del recto proceder del gobernante. Afianzaría en los ciudadanos la confianza en sus representantes democráticos.