De aquí a un mes se cumplirá el octavo aniversario de Societat Civil Catalana. Una entidad que nació precisamente para defender la convivencia constitucional en Cataluña y para acabar con el clima de impunidad que rodeaba al Govern de la Generalitat. Durante estos últimos años hemos podido comprender mejor que nunca que la quiebra del Estado de Derecho acaba siempre provocando tensión social y decadencia económica. Nuestro servicio al bien común pasa también, pues, por hacer cumplir la ley que entre todos nos hemos dado.
Ocho años después este objetivo fundacional tiene la máxima vigencia y el compromiso de Societat Civil Catalana en la defensa de los derechos de todos los catalanes es más firme que nunca. Por eso el 17 de febrero pasado presentamos en el Tribunal de Cuentas una demanda de más de 5,3 millones de euros contra contra 11 expresidentes, exvicepresidentes y exconsellers de la Generalitat por haber malversado caudales públicos en la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y en la acción exterior para promover la secesión de Cataluña. Somos la única acción pública en este juicio. Nuestra demanda ha sido garantía de que el proceso no podía sobreseerse.
En las democracias avanzadas el papel de la sociedad civil como fiscalizador del buen fin de los caudales públicos es insustituible. Así ha quedado palmariamente demostrado cuando la Generalitat de Cataluña no solo no considera que haya habido malversación y, por tanto, se haya negado a presentar acusación, si no que encima ha procedido a avalar a los procesados.
Los caudales malversados proceden de los impuestos de todos los catalanes y del resto de los españoles. SCC no cumpliría con su compromiso cívico si permitiera que se blanqueara la impunidad de delitos cometidos y sentenciados y no hiciera todo lo que está a su alcance para que se restituya el caudal malversado. No se prevé que una Generalitat nacional-separatista que comparte ideología con los demandados defienda los derechos de los ciudadanos. Por eso es imprescindible que lo haga Societat Civil Catalana. Y así lo haremos hasta las últimas consecuencias.
Después de la retirada de la Abogacía del Estado argumentando falta de legitimidad, y a la espera de la posición de fiscalía (que conoceremos en 20 días), SCC ha quedado como única acción pública. Pero necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía comprometida. Por eso hemos puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos dirigida a pagar los costes judiciales (el sumario que hay que trabajar son miles de páginas y documentos y requiere de varios abogados). Podéis ayudarnos aquí: Nos deben 5 Millones. (societatcivilcatalana.cat).
Contamos con todos vosotros para seguir defendiendo las libertades y los derechos de todos los catalanes. Porque Cataluña es, ahora mismo, la zona cero de la igualdad y los derechos de todos los españoles.
Artículo de Elda Mata publicado en ElCatalán.es.
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