Conviene recordar que, en la II República, ilustres juristas socialistas como el profesor Jiménez de Asua -enemigo declarado del indulto concebido como «gracia» del Gobierno- lograron atribuir al propio Tribunal Supremo con carácter general la facultad de conceder indultos y privar al Gobierno de esa prerrogativa. El presidente de la República también podía en ciertos casos indultar. Y fue también un insigne catedrático socialista, el profesor Fernando de los Ríos, quien -por razones similares- reemplazó el nombre del Ministerio, antes de «Gracia y Justicia», por el actual «de Justicia». A diferencia de algunos socialistas de hoy, aquellos fueron siempre conscientes de la necesidad de acotar con precisión el ámbito de la «gracia» (el indulto).