Sentado lo anterior, para la renovación del CGPJ con las reglas actuales es esencial que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. Y aquí empieza el baile, porque como ahora la mayoría “progresista” es del PSOE quiere hacerlo con las reglas vigentes, que le favorecen, mientras que el PP es un converso que pretende despolitizar el sistema aunque dados sus antecedentes no parece que haya sido porque se haya caído del caballo y haya tenido la visión de cómo funciona la separación de poderes en una democracia liberal sino porque le conviene. Lo interesante, no obstante, es que en los 36 años que llevamos con este nefasto sistema de nombramientos partidistas las cosas han ido evolucionando en el ámbito de la Unión Europea, de manera que ahora tanto el GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la corrupción) como la Unión Europea en su mecanismo de “rule of law” como el propio Tribuna de Justicia de la Unión Europea consideran, con razón, que un sistema en que todos los vocales del órgano de gobierno de los Jueces son nombrados por el Parlamento es un sistema en el que peligra la separación de poderes, dado que el CGPJ realiza los más importantes nombramientos judiciales (incluidos los magistrados del Tribunal Supremo llamados a juzgar, en su caso, a los políticos aforados) y además tiene la facultad de abrirles expediente disciplinario. El todavía Presidente del CGPJ habló, con total sinceridad, de que para gobernar a los jueces tenía el palo y la zanahoria. Sin embargo, los estándares europeos son claros: las autoridades políticas no deben de influir en los procesos de nombramiento (o separación) de los jueces.