Se plantea como un déficit la tolerancia hacia aquellos casos de mala utilización de los recursos públicos, vinculados con el proceso secesionista en Cataluña. La crítica de las autoridades a las investigaciones y sentencias judiciales, incluyendo la intimidación a la policía y a funcionarios judiciales, no facilita una investigación eficaz de estos delitos. En esta misma línea, el fracaso de la cooperación judicial en Europa en relación con los investigados por la utilización de recursos públicos para fines ilegales ha de ser también denunciada.