La renta garantizada (RG), que viene otorgándose en Navarra desde 2007, es una prestación económica que busca garantizar el mínimo para una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza. Resulta ser un dispositivo fundamental para la lucha contra la pobreza, al ser la última red de seguridad económica para la ciudadanía. Es, por tanto, una herramienta necesaria y bienvenida en todo estado de derecho que quiera proteger a su ciudadanía más vulnerable.
Bajo la exigencia de haber residido en la Comunidad foral durante al menos dos años antes de recibir la prestación y carecer de medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas, en 2020 un total de 37.879 personas (el 5,72% de la población navarra), percibieron dicha prestación, lo que supuso un 5,52% más de personas que el año precedente. El que se alcanzaran máximos históricos no es de extrañar dada la pandemia vivida en ese año y la consiguiente crisis económica desatada.
El incremento en el número de beneficiarios ha ido acompañado, como no podía ser de otra forma, por un aumento más que considerable en el coste: de los 6,5 millones de euros del año 2007 a más de 114 millones de euros en 2020. O dicho de otra manera; el gasto se ha multiplicado por 17. Con ese presupuesto de 2021 podría costearse durante dos años enteros toda la consejería de cultura del gobierno de Navarra, o pagarse la estancia media en la UCI de 2.300 pacientes COVID, o… No es mi deseo minusvalorar con estas comparaciones la ayuda mencionada, en absoluto, sino ponerla en contexto para que se entienda lo que supone para las arcas forales.
Hay otro dato que considero especialmente relevante: el del número de perceptores de RG que se dan de baja en la prestación por haber encontrado un empleo. Fueron 717 personas en el año 2020. Es decir, solo el 1,9% de los perceptores de renta garantizada dejaron de recibirla por haber encontrado un trabajo. El año anterior, sin pandemia de por medio, la cifra fue del 3,6%. Si tenemos en cuenta que el 40% de los receptores de la RG son menores de 18 años y mayores de 65 (sin edad laboral), la cifra de empleabilidad mejora algo, pero no alcanza el 4%.
Con todos estos datos en mente, me atrevo a decir que la RG, tan necesaria, debe ir acompañada de políticas activas de empleo eficientes. Su objetivo de mitigar la pobreza en la población puede pervertirse, y mucho, si no se consigue que los perceptores puedan formarse y colocarse laboralmente.
Lo delicado de este tema y la facilidad con que algunos lo politizan no puede ser freno para exigir las obligaciones de los perceptores. Recordemos que una de dichas obligaciones es “mantenerse disponibles para las ofertas de empleo adecuado, aceptándolas cuando se produzcan, salvo cuando se trate de personas que, a juicio de los servicios públicos, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral ni a un empleo protegido”. Rechazar un empleo para el que se está cualificado y se puede llevar a cabo debiera ser motivo de retirada de la RG.
De no hacerlo, tendremos un saco sin fondo que cada vez irá aumentado, será un reclamo para que vengan de otros lugares o, lo que es peor, desincentivará que los perceptores quieran trabajar. La RG debe ayudar a la recolocación, pero me consta que en el campo o en el sector del transporte, por poner solo dos ejemplos, cuesta encontrar mano de obra. En el momento en que compensa recibir la RG a trabajar, tenemos un grave problema. En 2020, solo el 37% de las unidades familiares perceptoras de la RG compaginaban la prestación con trabajo. El objetivo ha de ser que esas personas consigan con sus empleos el salario necesario para no necesitar la prestación. Desde Institución Futuro siempre hemos defendido que la mejor política social es la que genera puestos de trabajo. La baja intensidad del empleo en los sectores vulnerables no desaparecerá por arte de magia; hay que trabajar, y mucho, para que la renta garantizada sea cada vez menos necesaria. Que con el tiempo haya menos perceptores será, aunque algunos no lo vean así, una buena noticia.
Artículo de jose María Aracama publicado en el Diario de Navarra.
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