En resumen: actuar por parte de la política energética sobre algo que no existe (los «beneficios extraordinarios» provocados por la subida del gas y de los derechos de emisión de CO2) empeora la situación. En la práctica, es poner un «impuesto» a unos ingresos teóricos que son inexistentes. En este momento, es urgente comprender cómo funcionan realmente las tecnologías limpias e incentivar tanto la participación de las unidades de generación ya existentes como las que se puedan completar sus inversiones y puesta en funcionamiento en los próximos meses. Si bien la energía nuclear está entrando siempre con independencia del precio, la hidro depende de muchos factores. A partir de la cantidad de agua embalsada se decide qué cantidad de agua hay disponible para despachar en función de los caudales ecológicos, histórico de lluvias, protección de la biodiversidad, requerimientos del sistema eléctrico, suministro de agua a pueblos y regantes… No se despachan cantidades, cosa que está prohibida, sino que se dan precios. Si se oferta más cara que el ciclo combinado no se despacha agua, mientras que si se pone por debajo del ciclo combinado se vaciarían los embalses, generando una expectativa irreal que podría agotar el agua.