Si es habitual que el Gobierno de España ceda sin el más mínimo escrúpulo ante nacionalistas e independentistas en cuestiones que nada tienen que ver con el objeto de la ley de la que en cada momento se trate, en esta ocasión pretendió obrar y obró del mismo modo con UPN, quien se sumó al carro de las reivindicaciones impropias y la mala praxis política. Y así, en lugar de tratar de mejorar el texto de la ley, se negoció una cuestión que nada tenía que ver con ella: a cambio del voto positivo de los regionalistas a la reforma laboral, los socialistas debían votar contra la reprobación de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, de UPN. A pesar del pacto entre partidos, los dos representantes de UPN en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, lejos de aceptar las directrices de su partido, se rebelaron contra ellas para, en un gesto que en principio les honraba, anteponer sus ideas políticas al inconstitucional mandato imperativo, decisión que supuestamente provocaría la no convalidación de la reforma laboral aprobada semanas antes por real decreto ley. Sin embargo, porque todo hay que decirlo, erraron en las formas, ya que, en lugar de explicar honestamente cuál sería su voto, dejaron que sus adversarios dieran por bueno el acuerdo con UPN. Y es que decir o hacer creer que vas a votar una cosa y en el último momento hacer la contraria no es una buena práctica política sino, por decirlo más claramente, juego sucio.