Las discusiones redistributivas suelen apelar a los sentimientos de solidaridad entre los ciudadanos y a una difusa idea de justicia construida sobre el falaz argumento de que ésta se logra cuando todos somos materialmente iguales —descartando, de paso, que la igualdad se fundamente sobre la identidad de derechos y obligaciones para todos, de manera que ante la ley no se justifique ningún privilegio—. Es curioso que, en el debate actual, la izquierda haya querido situar su posición en el sistema fiscal arbitrando nuevos impuestos sobre los poderosos —o sea, las empresas eléctricas y los bancos— y sobre los ricos, pues todos sabemos que la capacidad redistributiva de los tributos es unas diez veces inferior a la de las prestaciones monetarias del Estado del Bienestar, cuya primacía está precisamente en las pensiones. En cambio, la derecha se ha centrado en estas últimas, discutiendo el criterio de revalorización sobre supuestas razones de equidad distributiva. El argumento de la derecha es, en esencia el siguiente: con el dinero de todos no es justo subir todas las pensiones (contributivas) por igual, pues los que cobran la pensión más baja reciben aproximadamente tres veces y media menos que los que tienen la pensión más alta.