Hace ya unos cuantos años, poco tiempo antes de su muerte prematura, tuve ocasión de conversar con el exministro socialista Antoni Asunción acerca de la sección valenciana del partido al que, no mucho antes, ya había dejado de estar afiliado. En uno de los comentarios que deslizó hizo esta aseveración: «Los más tontos, después de mucho esperar, son los que se han hecho con las riendas del partido en Valencia». Anoté su afirmación aunque me la tomé a beneficio de inventario, pues sabía de su fracaso en las primarias del PSPV en 2010. Sin embargo, pasados los años compruebo que en ella no había animadversión sino más bien juicio certero tras largos años de militancia. La conferencia que ha pronunciado Ximo Puig en Madrid, en uno de esos desayunos que organiza Europa Press, no ha hecho sino corroborarlo.
El horizonte conceptual en el que se maneja el presidente de la Comunidad Valenciana constituye una sarta de tópicos mezclada con nociones económicas mal comprendidas y con un talante conspirativo digno del terraplanismo, que conducen a la reivindicación de un nacionalismo económico regional que, si acabara triunfando, destruiría la ya afectada unidad del mercado interior de España. Que Puig apela a una teoría conspirativa lo refleja su afirmación de que Madrid ha emprendido «un procés invisible que está fracturando España». Invisible, ni más ni menos, porque sólo él puede aprehenderlo, quizás en un tórrido sueño que convierte en real el fruto de su simpleza. Y también su idea de que el desarrollo económico madrileño «no es fruto de una mano invisible … sino que se debe a muchas décadas de inversión privilegiada en infraestructuras, la ubicación de centros de decisión que atraen empresas y generan redes influencia y la alta concentración de organismos públicos con mucho empleo cualificado que en otros territorios escasea». Claro que esto último lo mezcla Puig con «la economía de aglomeración» —un concepto éste que los economistas solemos utilizar siempre en plural— sin saber muy bien de lo que habla, pues como suele decir mi colega Javier Velázquez, Catedrático de la Universidad Complutense, las economías de aglomeración son, precisamente, la otra «mano invisible» que alimenta y conduce la concentración geográfica de la actividad económica.
Pero vayamos un poco más allá porque de esa mezcolanza conceptual Ximo Puig extrae la idea, también conspirativa, de que Madrid practica «un dumping fiscal antipatriótico, una competencia desleal que atrae bases imponibles de otros territorios» con sus rebajas fiscales. Y para remediarlo, en el colmo de su desvarío, propone armonizar la fiscalidad en todas las Comunidades Autónomas estableciendo un impuesto a los ricos, pero sólo para Madrid. Diríase ante tal propuesta, primero, que tal vez el dirigente socialista valenciano tiene sus ojos puestos en las elecciones regionales madrileñas para ver si supera su actual nivel de incompetencia —lo que, dicho sea de paso, resultaría muy meritorio—. Y, segundo, que este hombre no sabe ni lo que es la armonización fiscal ni, menos aún, cuáles son los resultados actuales de nuestro sistema impositivo en términos regionales. Así que, para que el lector no se pierda, conviene que le aclaremos estas cosas al señor Puig.
El concepto de armonización fiscal está bien definido en nuestro ordenamiento jurídico, en concreto en las leyes del Concierto Económico del País Vasco y del Convenio Económico de Navarra. En ambas se señala que las normas tributarias de ambas regiones deben sujetarse a cuatro criterios de armonización: 1) adecuación a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos; 2) respeto y garantía a la libertad de circulación y establecimiento de personas y de la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español; 3) utilización de la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en el territorio común: 4) mantenimiento de una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto de España.
Ni que decir tiene que la propuesta de Puig no se atiene a ninguno de estos criterios de armonización. Es más, su pretensión de crear un impuesto a pagar por los ricos de Madrid conculcaría claramente la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en su sentencia de 1983 sobre la LOAPA, donde aclaró que las Comunidades Autónomas pueden ser desiguales en lo que concierne a su entramado competencial y que la garantía de la igualdad entre los ciudadanos no se obtiene de la igualdad de derechos de la Comunidades Autónomas, sino del ajuste de las normas emanadas de éstas a unas condiciones básicas comunes; o sea, en materia fiscal, a unos principios armonizadores generales como los establecidos para el País Vasco y Navarra.
Los resultados que derivan de la diversidad fiscal, de acuerdo con lo anterior, hay que valorarlos, mientras no se modifique la legislación correspondiente, en términos de la presión fiscal regional. Esto es lo que se muestra en el gráfico adjunto —que he extraído de mi aportación al documento Bajar impuestos para crecer más, publicado por el gobierno de la Comunidad de Madrid— para ilustración de los lectores y, naturalmente, del señor Puig.
Fuentes: INE, Agencia Tributaria, Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra
Nota: La presión fiscal se calcula, con datos de 2018, para el agregado de los siguientes impuestos: IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Lo que ahí se ve es que Madrid cuenta con la mayor presión fiscal de España —no porque a los madrileños les agobie su administración regional, sino porque casi todos los madrileños pagan impuestos al ser el empleo regional más alto y la economía sumergida más baja que la de otros territorios—. También se observa que, de las otras regiones que cuentan con un PIB por habitante superior a la media española, sólo Cataluña y Baleares superan el promedio nacional de la presión fiscal. En cambio eso no ocurre con el País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja —lo que nos permite cuestionar su aportación a la solidaridad interregional—. Y quedan las regiones de menor desarrollo, donde la presión fiscal se sitúa por debajo de la media, menos en Asturias —tal vez porque en su producto regional se contabilizan unas elevadas subvenciones y transferencias establecidas para el sostenimiento de las rentas de buena parte de sus habitantes—.
En resumen, Ximo Puig, debería atenerse mejor a los hechos y, sobre todo, aprenderse con más ahínco los conceptos que maneja. Mientras tanto, no me queda más remedio que pensar que el juicio de Antoni Asunción sobre el personaje acertaba de lleno.
Artículo de Mikel Buesa publicado en Libertad Digital.
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