Los acontecimientos que se están viviendo en las últimas semanas llevan a España (y a Europa en general) a una nueva etapa política que obliga al diseño de nuevas hojas de ruta con el concurso de las fuerzas políticas que representan a la mayoría de los ciudadanos, con independencia o no de que estén en el poder. Cuando lo que está en peligro es la propia supervivencia de la democracia, los conflictos políticos del día a día se relativizan y se opta por pensar en lo más importante y actuar en consecuencia.
Es probable que España se incorpore a esta ola de los grandes acuerdos internos y externos de manera tardía, a juzgar por la actitud de los principales partidos nacionales. Cuanto más tarde llegue el clima de consenso y giro de 180 grados en la política española, más costosa será la salida de una crisis geopolítica que incide especialmente en un país debilitado por la pandemia, la inestabilidad institucional permanente y la inflación que golpea a las clases medias y bajas.
Si bien la Historia nunca se repite, sí hay ciertos patrones de comportamiento y ciertas tendencias que cada cierto tiempo reaparecen. Entre ellas, colocar ciertos objetivos y políticas de Estado como elementos cohesionadores de la sociedad para, a partir de ello, construir un nuevo tiempo político que contribuya a resolver la situación. Es lo que está sucediendo en Alemania, Francia o Italia, países donde la política exterior, la seguridad, la energía o la economía están sirviendo para ofrecer a los ciudadanos la vía de salida de la crisis, intentando minimizar posibles movimientos sociales de descontento y protesta.
En este sentido, ésta es la tarea de España en las próximas semanas, algo que no puede construir de manera unilateral el actual Gobierno, sino que requiere del concurso de una renovada oposición tras el congreso de Sevilla. Es necesario, primero, clarificar y poner orden en la política exterior tras lo acontecido con Marruecos y la posición sobre el gas en Europa. Segundo, hay que construir las bases de un diálogo social real y amplio, el cual se ha podido ver hasta qué punto se encuentra en una situación crítica tras la huelga de transportistas. Tercero, sentar las bases de un Pacto económico (sin abusar del buen nombre y aprendiendo de los errores del Pacto de la Moncloa de 1977) desinflacionista que actúe especialmente sobre las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Y por último, relanzar las políticas de unidad de mercado e interconexión con el resto de Europa para exprimir todo el potencial de lo que en España se produce, reduciendo la dependencia de importaciones de terceros países que contribuyen decisivamente a la inflación.
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