El cumplimiento de las leyes y las sentencias judiciales en España, así como el uso que se hace de los preceptos legales, es francamente heterogéneo. Vivimos en un Estado de Derecho que se ha ido erosionando de manera considerable en los últimos años. Si bien no es un fenómeno único en el entorno europeo, sí afecta de manera considerable a los derechos y obligaciones de los ciudadanos en su día a día. Es el caso en los últimos días del acuerdo de statu quo entre los grupos políticos mayoritarios en Cataluña para ejecutar la reciente sentencia sobre el mínimo del 25% de la enseñanza en castellano.
Con muchas dificultades y con un futuro muy complejo por delante, la Justicia gracias al empeño de movimientos cívicos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha ganado una batalla de años al nacionalismo, pero por la vía mínima, lo cual supondrá asumir el coste y erosión que tendrá para la gran mayoría de los padres a los que se les conculca el derecho a elegir para sus hijos la lengua vehicular de su educación, ir ganando el terreno perdido durante años por la inmersión lingüística.
Esta excelente noticia se ha visto acompañada esta semana por otra no menor para la defensa de la independencia de los organismos reguladores y para evitar el manoseo político a la hora de hacer los nombramientos. Es el caso de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la nulidad de la terna de candidatos pactada entre los dos grandes partidos nacionales por parte del Tribunal Supremo, gracias al trabajo extraordinario de la Fundación Hay Derecho.
Sin embargo, el capítulo de las leyes que se cumplen (o van en cauce de cumplirse) se trunca por los manejos, abusos y contorsiones que llevan, incluso, a no cumplir la ley y generar situaciones de impunidad. Es el caso del escándalo perpetrado por el Gobierno con el indulto a una condenada por sustracción de menores, encumbrada por la ministra de Igualdad como «símbolo de la causa feminista». No sólo es algo inexplicable desde el punto de vista racional, sino que muestra muy bien la coalición de intereses particulares que tienen los ministros extremos, tomando decisiones que benefician a colectivos próximos frente a la racionalidad y el sentido de Estado.
Pero no puede acabarse este editorial sin reseñar una tradición histórica tristemente vigente como es el cambio de padrón antes de unas elecciones para ‘candidatos cuneros’, algo común entre todos los partidos, pero este es un caso un poco más especial al tratarse de la cabeza de lista de Vox para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Éste es un caso claro de contorsión de la ley, la cual permite estos usos y costumbres que juegan con la representatividad política real de los ciudadanos tal como hemos podido ver en reiteradas ocasiones en los cuarenta años de democracia.
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