Empezando por el gobierno, es evidente que ha hecho caso omiso de los plazos de vigencia en el estado de alarma decretado el 25 de octubre, que se ha excedido también en la limitación o suspensión de derechos —entrando incluso en algunos no autorizados por la Constitución, como el de libertad de empresa o el de negociación colectiva laboral— y que se ha aprovechado de ello para gobernar por decreto, no sólo en la materia epidémica, sino en los ámbitos no afectados por ella. Siguiendo por la oposición, no está de más recordar que fueron los 52 diputados de Vox los que, en marzo de año pasado, decidieron ausentarse del Congreso con ocasión del contagio de Javier Ortega Smith, exigiendo «la suspensión de las sesiones hasta que las autoridades sanitarias den por controlada la enfermedad de Wuhan», lo que fue inmediatamente aprovechado `por la presidenta Meritxell Batet para cerrar la Cámara, primero por unos días y luego por varias semanas. Y tampoco hemos visto esmerarse a los partidos de oposición en la impugnación ante los tribunales del gobierno por decreto o de la anormal duración de seis meses del último estado de alarma. Continuando por el poder judicial, lo menos que puede mencionarse es el acojone colectivo de los jueces y magistrados que, a través de sus asociaciones, poco menos que obligaron al Consejo General del Poder Judicial a suspender todas las actuaciones judiciales no esenciales durante el primer estado de alarma, dejando así desprotegidos a los ciudadanos y generando una montaña de asuntos desatendidos, un atasco monumental que, pese a las medidas que se adoptaron después, aún persiste. Y acabando en los ciudadanos, es claro que, como ha ocurrido en otros países, incluso los más democráticos, una mayoría amplia ha aceptado ver estrechados sus derechos fundamentales a cambio de una incierta promesa de salud —que, además, en España se ha visto constreñida tanto por la demostrada incompetencia de los gestores políticos, sobre todo en las materias sanitaria, económica y de protección social, como por el hecho de nuestro gobierno haya sido uno de los que, en Europa, menos recursos ha puesto sobre el tablero para resarcir los efectos pandémicos—.