En las últimas semanas se han producido varios acontecimientos relevantes que dan sentido a la política penitenciaria que, con respecto a los presos de ETA, viene desarrollando el gobierno bajo el liderazgo de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se ha evidenciado así la simbiosis entre el PSOE y la izquierda abertzale oficialista, entre el gobierno y Sortu, con la finalidad de reforzar a este último partido —y a su brazo electoral, EH Bildu— en su lucha congtra la disidencia de ETA por la hegemonía del nacionalismo radical vasco. Los acercamientos a cárceles próximas al País Vasco y las progresiones de grado que ya han recibido tres cuartas partes de los presos etarras son así una parte relevante del precio que Pedro Sánchez ha estado dispuesto a pagar por los votos del grupo parlamentario bilkide en el Congreso de los Diputados. Pero no se crea que todo está hecho, porque lo que de momento ha aprobado Marlaska no es sino uno de los primeros plazos de lo concertado con los nacionalistas radicales.
Vayamos a los hechos porque el trasunto de todo esto no es otro que el de la lucha por la hegemonía en el radicalismo vasco entre el partido de Arnaldo Otegi —Sortu, que heredó de Batasuna la dirección política del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, una dirección que, en 2011, le había sido cedida por ETA— y la disidencia que, tras esa cesión, emergió de la banda terrorista, inicialmente impulsada por Txikierdi y Fitipaldi, y más tarde, en 2013, organizada en torno a IBIL —las Juntas Revolucionarias por la República Socialista Vasca que lideró Fermín Sánchez, huido a Francia un año más tarde— y, ya desde 2014, articulada por ATA (Amnistía y Libertad) —cuyo dirigente más conocido es Iñaki Bilbao, etarra preso aún en la actualidad, y en la que se integraron hasta 93 de los reclusos más irreductibles de la banda—.
Desde su formación, ATA desarrolló una estrategia de movilización popular, defendiendo, aunque no practicando, la lucha armada, cuyos frutos empezaron a ser notables a partir de 2017, hasta el punto de disputarle a Sortu el dominio de la calle, especialmente por su amplia aceptación entre las bases jóvenes del abertzalismo, sobre todo entre los universitarios. Ello explica en buena medida el ascenso en el número de actos de exaltación del terrorismo que se han celebrado en los últimos años, tanto en el País Vasco como en Navarra: 198 en 2018, 110 en 2019, 193 en 2020. Y explica también la preocupación de los bilkides por verse apartados de las bases del MLNV, aunque, de momento, hayan podido sostener su representación institucional al carecer de competidores en el ámbito electoral.
El acercamiento de Sortu a los presos de ETA se ha convertido, por todo ello, en una base fundamental de su estrategia. Ya entre marzo y junio de 2020 representantes de Bildu se entrevistaron, autorizados por el ministerio del Interior, con once de ellos; pero ha sido en las últimas semanas cuando esta aproximación se ha intensificado. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, visitó así, a comienzo de enero, en las prisiones de Puerto I y Puerto III a trece etarras, entre los cuales se encuentran algunos de los más irreductibles de la organización terrorista que, hasta ahora, han apoyado a ATA. Unos días más tarde, Joseba Azkarraga —que fue senador y consejero del Gobierno Vasco, así como uno de los artífices de la excarcelación de cerca de un centenar de presos pertenecientes a ETA VIII Asamblea entre 1982 y 1986, al disolverse ETA político-militar— remachó la tarea acudiendo a las mismas prisiones. Y, por otra parte, Arnaldo Otegi envió una carta a todos los presos invitándoles a afiliarse a su coalición electoral y convertirse en bilkides. La misiva —que no tiene desperdicio por su cursilería y su retórica sentimental— deja claro que «EH Bildu necesita la experiencia y la fuerza de las celdas para que su proyecto político crezca» y se consiga, de ese modo, «dar a este pueblo la palabra y la decisión, en el camino hacia la consecución de una República Vasca»; y señala también que, para lograrlo, se precisa «la derogación de la política penitenciaria de excepción, sustituyéndola por una política penitenciaria general y constructiva», a partir de la cual «se acordaría un calendario que posibilitaría la libertad de las personas presas y la vuelta a casa de las refugiadas y deportadas». Todo un programa probablemente acordado con el gobierno de Sánchez, de cuya concreción práctica se ocupa Grande-Marlaska.
Del modo en que se especifica esa concreción también hemos tenido noticia en los últimos días, pues Fernando Lázaro ha publicado en El Mundo el texto del papelito cuya firma exige Instituciones Penitenciarias para conceder a los presos las progresiones de grado y los acercamientos al País Vasco a los que antes me he referido. Ese texto, que en el ministerio de Grande-Marlaska se interpreta torticeramente como una manifestación de «rechazo de la violencia, reconocimiento del dolor y sufrimiento causado a las víctimas y compromiso con su reparación», es todo un prodigio de ambigüedad. Lo es porque el rechazo de la violencia no se refiere al pasado terrorista sino al futuro —en concreto «al proceso de convivencia pacífica y democrática que se está desarrollando en el País Vasco»—, porque el reconocimiento del dolor no alude a los miles de muertos, heridos y damnificados por ETA, sino «al padecimiento sufrido por todas las víctimas» —incluidos, naturalmente, los propios etarras y quienes les dan apoyo social—, y porque la reparación es una mera «esperanza», pero no un compromiso. No hay condena del terrorismo, no hay arrepentimiento, no hay petición de perdón, no hay la menor intención de subsanar los daños causados personalmente por mucho que el ministro del Interior se haya hecho promotor y partícipe del engaño.
Es con esa mierda falsaria con la que se refocila Grande-Marlaska, complaciéndose con el padecimiento moral de las víctimas de ETA. Y lo hace, además, en cómodos plazos, como el lector comprenderá inmediatamente. Pongamos que a una de esas víctimas la asesinaron entre cuatro etarras —es el caso de Fernando Buesa, mi hermano—. Pues Marlaska las va poniendo en su línea de mejora penitenciaria de una en una, poco a poco, como si de esa manera su deleznable política fuera más tragadera: primero lo hizo con Francisco Javier García Gaztelu Txapote (13 de noviembre de 2020), después con Luis Mariñelarena Garciandia (18 de diciembre de 2020) y más tarde con Diego Ugarte López de Arkaute (22 de enero de 2021); al cuarto, Asier Carrera Arenzana, ya se ocupó de agraciarle el gobierno socialista anterior. Ni al más sádico de los carceleros se le habría ocurrido un procedimiento más lesivo para la integridad de las víctimas del terrorismo y más agradecido para sus victimarios.
En fin, dejémoslo aquí, pues cosas peores veremos si, finalmente, con la ayuda del socialismo sanchista —y de su fiel ejecutor, el ministro del Interior— Sortu, como depositario de la dirección política del MLNV, otorgada por ETA en su decadencia final, alcanza la hegemonía del abertzalismo y, así reforzado, le planta cara al nacionalismo institucional que representa el PNV. El País Vasco entrará entonces en una dinámica degradante de similar factura a la que ha vivido Cataluña durante los últimos años. Esa es la herencia que se vislumbra por detrás de la política penitenciaria de Grande-Marlaska.
Artículo de Mikel Buesa publicado en Libertad Digital.
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