La presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha defendido el espionaje a líderes independentistas porque considera que el Estado lo ha hecho siguiendo los cauces legales: «Un Estado democrático y de derecho como el que tenemos utiliza sus herramientas dentro de la ley».
«Creo que el Estado tiene sus herramientas dentro del marco legal para, evidentemente, protegernos a todos los españoles», ha afirmado en una entrevista de Europa Press al ser preguntada por el caso Pegasus que ha trascendido a raíz de la investigación de la plataforma de ciberseguridad ‘CitizenLab‘.
Sobre por si ve justificable este espionaje a líderes independentistas, ha contestado: «Si está amparado por la ley, no tengo nada más que decir», y ha argumentado que ve más preocupante que en los primeros años de SCC algunos dirigentes de la entidad tuvieran que llevar escoltas.
«¿Qué Estado me está defendiendo a mí si ni siquiera sabe lo que está pasando? Tienen sus propias herramientas, no me cabe ninguna duda que lo estaban haciendo dentro de los cauces legales», ha afirmado.
Para Mata, los partidos independentistas se quejan de este asunto de manera gratuita y ha sostenido que, si «no hubieran querido reventar el país, no tendrían esta preocupación».
Tras acusar al Govern de no querer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fija la obligatoriedad de impartir un 25% de clases en castellano, ha advertido de que, si no la aplican, la Generalitat y los jueces «van a tener miles de demandas encima de la mesa: Nosotros no pararemos».
Ha apuntado que la plataforma ‘Escuela de todos‘, a la que SCC está adherida, ya presentó una demanda para cumplir la sentencia en todos los centros educativos y ha afirmado que, en el caso de que no se acepte, tienen unas «1.640 peticiones de padres directamente a los colegios» para que se aplique el 25% de castellano.
Mata se ha mostrado convencida de que se va a acabar cumpliendo la sentencia y espera que se haga lo antes posible porque considera que los partidos políticos, también los independentistas, saben «que, sin ninguna duda, se va a hablar y enseñar español en las escuelas, y por eso se revuelven».
La presidenta de SCC cree que con esta sentencia se acabará con parte del sistema que, según ella, han construido los independentistas en base a la identidad de la lengua, ya que considera que la Generalitat ha utilizado el catalán como «una herramienta de segregación y de identidad».
Según ella, la lengua materna de la mayoría de catalanes es el español pero, a su juicio, solo se le da importancia al derecho de los niños de lengua catalana materna de estudiar en su idioma: «Pero los demás, que somos prácticamente de segunda categoría, no».
«Nuestra lengua materna no tiene tanta importancia. Esto es segregación. Lo veríamos fuera de Catalunya y diríamos ‘qué barbaridad, están retrocediendo 80 años en la historia’. Aquí parece que hemos tragado 40 años de un régimen que nos ha tenido en esta situación», ha criticado.
Sobre el acuerdo del PSC, ERC, Junts y comuns para modificar la Ley de Política Lingüística, lo ha tildado de entelequia porque Junts se descolgó del pacto horas después de anunciarlo, y ha apuntado que, aunque se acabe aprobando, «no tiene nada que ver con el cumplimiento de la sentencia del 25%».
Mata se ha reafirmado en la idea de que el proceso independentista es una «infección enorme que continúa» y que no es de la última década, sino que se ha llevado a cabo desde la Transición, y ha avisado de que en la actualidad la estrategia es hacer ver que las cosas están más relajadas, aunque insiste en que en realidad no es así.
Ante esto, ha pedido a los partidos constitucionalistas que se pongan de acuerdo en cuestiones de Estado, en sus palabras, y trabajen para volver a ilusionar a sus votantes, pero que lo «hagan de otra manera a como se ha hecho hasta ahora».
Mata ha fijado como objetivo lograr una Generalitat que no sea independentista y ha reivindicado que SCC ayudará dentro de sus posibilidades para facilitar esa unión de los partidos constitucionalistas, aunque ha recalcado que es una entidad «100% civil» que no quiere convertirse en un actor político.
Sobre su nueva etapa al frente de la entidad, ha manifestado que su intención es mantener una relación fluida con los partidos constitucionalistas, incluido Vox, al que define como un «partido constitucionalista, que trabaja dentro del marco de la ley», y ha informado de que solicitarán reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y entidades como Òmnium.
Entrevista publicada en CatalunyaPress
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