Una mayoría cada vez más exigua y de peor calidad. Difícilmente puede resumirse de forma más condensada la realidad política española de los últimos días, junto con otros elementos relevantes como la convocatoria de Elecciones autonómicas en Andalucía el 19 de junio o las primeras consecuencias del giro geopolítico de España en el norte de África con la amenaza de Argelia de corte de suministro si se utiliza su gas para proveer a Marruecos.
Pero si hay un elemento relevante a destacar es el presunto «espionaje» a los líderes independentistas, aprovechado por ERC para construir una posición de fuerza con respecto al Gobierno Sánchez-Díaz. Éste, sabiendo que los independentistas y los abertzales pueden frustrar la aprobación de medidas como el decreto anticrisis aprobado el jueves y, de aquí en adelante, la propia legislatura, está tratando de restaurar la relación con sus socios en vez de comenzar a tender puentes con el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez tiene miedo a terminar antes la legislatura sin poder sacar adelante nuevas medidas con el núcleo de investidura, exponiendo la gobernabilidad de España a los caprichos populistas e iliberales de los movimientos centrífugos.
Para tratar de calmar los ánimos con el destape de ‘Pegasus’, el Gobierno vendió su investigación cambiando a última hora los términos para incluir a los soberanistas en la Comisión de Secretos Oficiales y poder desbloquear la votación del plan anticrisis (concretamente, reduciendo las mayorías para que pudiesen acceder a una comisión que lleva dos años parada). Con Bildu, de momento, parece haber funcionado pues aprobaron el paquete de medidas gracias a ellos, pero con ERC será más complicado.
La cuestión de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso no debe ser evaluada desde el punto de vista del riesgo que para la seguridad nacional puede tener la inclusión de independentistas y herederos del terrorismo. El problema reside en el hecho en sí mismo de que un elemento que tiene un valor institucional y constitucional como es esta Comisión, se dé entrada por primera vez a partidos cuyo objetivo es destruir las instituciones del Estado, que es justo contra lo que debería trabajar esta Comisión.
Más allá de su utilidad práctica, de que no trate temas especialmente sensibles o que sea más bien un elemento simbólico dentro del entramado institucional, la Comisión ocupa una posición formal que debe ser respetada, entre otros elementos su importancia en la gestión y conocimiento de los fondos reservados. Más delicada fue la inclusión del entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el órgano de control del CNI, la cual se hizo contraviniendo la Constitución, tal como sentenció el Tribunal Constitucional en mayo del año pasado, dado que no había ningún tipo de «extraordinaria y urgente necesidad» en hacer ese nombramiento por decreto-ley, y menos para algo tan anómalo como este nombramiento.
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