En este contexto de grave deterioro institucional, la presión sobre el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es máxima para que pacte con el Gobierno la nueva composición del Consejo y de esa forma puedan llevarse a cabo los muchos e importantes nombramientos pendientes de jueces del Supremo y el Constitucional. Ahora bien, conviene advertir del riesgo de incurrir en una renovación a cualquier precio. Es cierto que la no renovación del Consejo desde 2018 supone un incumplimiento grave de la Constitución, pero no mayor que el obsceno reparto de vocales que se produjo en 2013 (diez para el PP, siete para el PSOE y los tres restantes para CiU, PNV e IU).