El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer el enésimo plan de ayudas al sector servicios por un importe de 11.000 millones de euros. Como suele ocurrir con el Gabinete Sánchez, la medida se ha anunciado sin especificar –al menos en sus líneas más relevantes– cómo se va a materializar y cuáles van a ser las herramientas específicas que se van a utilizar.
Tras varias semanas de peticiones de ayudas directas a las empresas tanto dentro como fuera de España, el Gobierno actúa a remolque de las circunstancias políticas, económicas y sociales, dedicándose sistemáticamente a lanzar planes aparentemente ambiciosos de ayudas a los sectores más afectados por la crisis, pero sin que entre ellos haya un mínimo atisbo de coherencia necesaria en política económica.
Se acostumbra a sumar peras con manzanas. Cuando el presidente Sánchez habla de los 20 puntos de PIB de tamaño del paquete de ayudas al sector productivo español, se agregan fundamentalmente dos categorías conceptualmente distintas: por un lado, medidas directas contra cuenta de resultados como los ERTE (reducción de costes laborales) y, por otro lado, medidas directas contra balance (la extensión de avales ICO en crédito bancario).
En este sentido, no ha existido como sí ha sucedido en otros países europeos importantes ayudas fiscales, las cuales son (junto con el bancario) el canal más directo y eficaz para apuntalar, primero, la liquidez y, segundo, la solvencia.
Más allá de la composición y distribución de los 11.000 millones anunciados –lo cual es enormemente relevante– la más que previsible naturaleza de las ayudas y sus canales de transmisión no ayudan a la necesaria recapitalización de las pymes y autónomos, los cuales han visto cómo se hunden sus ingresos, mientras que sus costes son rígidos a la baja (tanto en costes salariales como en costes energéticos), partiendo de un escenario financiero anterior al ‘coronavirus’ ya de por sí precario. Según los datos del Banco de España, al cierre de 2019, el 31% de las pymes tenía rentabilidad negativa y una cuarta parte de ellas presentaban ratios de endeudamiento (deuda sobre pasivo total) superior al 80%.
De hecho, persistir en las medidas que se tomaron a mediados de marzo (tanto ERTE como avales ICO) incluso podría dificultar la salida general de las empresas, aportando más confusión al actual escenario y haciendo discriminación de unos sectores frente a otros, compitiendo por recibir más ayudas.
Por tanto, una situación de partida especialmente precaria para las empresas pequeñas, a la que se suma un año de enormes pérdidas económicas y la incertidumbre en torno al más inmediato futuro, hace que cada día sea más necesario un plan de rescate del tejido empresarial español, entendido este plan como un sistema transparente, generalizado y directo de recapitalización de las empresas, especialmente las más pequeñas y medianas que tienen más dificultades en acceder tanto a financiación bancaria como a mercado de capitales.
Así, es necesario plantearse qué alternativas hacen escapar a las empresas del efecto «bola de nieve» pérdidas-deuda (financiar pérdidas con deuda, sin ir más lejos). En primer lugar, es necesario determinar el tamaño del desafío, sin duda un múltiplo muy superior a los 11.000 millones propuestos.
Concretamente, es necesario observar la estimación última realizada por el Banco de España, la cual elevaba entre 4 y 8 puntos porcentuales la proporción de empresas insolventes hasta el 20% del total de las empresas, incrementándose especialmente el porcentaje de empresas inviables frente a las empresas viables. Con lo cual, ir a concurso tampoco garantizaría un mayor salvamento de empresas. Hay que valorar el tamaño de este rescate, especialmente cuál es el coste neto para el erario público y cuál es el coste neto para el sector financiero.
«Es necesario determinar el tamaño del desafío, sin duda un múltiplo muy superior a los 11.000 millones propuestos«
En segundo lugar, es crucial determinar los mecanismos o herramientas que hagan llegar con eficacia las ayudas a las empresas. Así, la creación de un gran fondo de capital público-privado que inyecte capital híbrido en las pymes (la versión adaptada del esquema de recapitalización de la SEPI orientado sobre todo a grandes y medianas empresas) o la generación de créditos fiscales con cargo a los pagos de impuestos realizados en el promedio de los últimos 2 o 3 años, que se computen como capital y se devuelvan en un plazo alargado en el tiempo, son probablemente los mecanismos más eficaces, más transparentes y con menor margen de decisiones discrecionales que, por ejemplo, dejar en manos de las CCAA la concesión de subvenciones cuyo control y evaluación de resultados es francamente difícil.
Pero también a la hora de conceder este tipo de ayudas directas, es necesario medir hasta dónde pueden llegar para no chocar con los preceptos europeos en materia de ayudas de Estado, máxime cuando se ha habilitado el mecanismo de los fondos extraordinarios para la recuperación y la resiliencia (#NextGenEU), la autorización por parte de la Comisión Europea de inyecciones de capital público en empresas europeas que ya antes tenían titularidad pública o la compra masiva de títulos de deuda corporativa llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE).
En tercer lugar, es imprescindible fijar criterio con respecto a la gestión de los paquetes concedidos en los meses anteriores. Barajar quitas o incluso impagos de los créditos concedidos con avales ICO supone premiar a unos frente a otros, fomentando una competencia desleal que además provoca un serio problema de morosidad en la banca.
En cuarto y último lugar, no debe olvidarse hacer una conceptualización correcta de lo que sucede. Las medidas sanitarias para luchar contra la expansión de una enfermedad tan mortífera como la que seguimos padeciendo, ha llevado a implementar severas restricciones de las actividades económicas consideradas como no esenciales, incluso llegando a la prohibición.
En este sentido, un escenario sobrevenido como éste y la forma en que desde los diferentes Gobiernos se ha abordado la pandemia, exige del reconocimiento de indemnizaciones por los daños causados medidos como lucro cesante. ¿Será capaz España de abrir este melón?
En suma, el Gobierno tiene la oportunidad de evitar una recesión de balances que conduzca, por un lado, a una intensiva destrucción de empresas (habremos cambiado con respecto a 2008-2012 la destrucción de empleo presente por destrucción de empresas) y, por otro lado, a que las que quedan funcionando estén abocadas al subsidio permanente para no quebrar. A este fenómeno global se le puede calificar de “zombificación” del sector empresarial. Esperemos no acabar ahí.
Artículo de Javier Santacruz publicado en El Español.
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