Tanto es así que, por desgracia, en mi opinión en nuestro espectro político no hay en la actualidad partidos auténticamente constitucionalistas. Trato de explicarlo. En un cierto modo, pueden considerarse como constitucionalistas solo aquellos partidos que no impugnan los consensos básicos forjados en el 78. Esta acepción llevaría a excluir a los partidos que apuestan por un cambio de Constitución: desde los que aspiran a un cambio republicano a los que optan por un modelo alternativo de organización territorial del poder (ya sea una vuelta al centralismo como aquellos que mantienen una idea plurinacional de tipo confederal). Una reforma de este tipo, en mi opinión, difícilmente iba a dar lugar a una mejor Constitución, ya que, sobre todo en el ámbito territorial, tanto el centralismo como la plurinacionalidad desconocen elementos esenciales de nuestra integración político-social. Tampoco creo que un cambio republicano supusiera ninguna mejora sustancial para nuestra democracia. No obstante, desde la perspectiva jurídica, la propuesta de esos cambios resulta legítima, ya que la Constitución de 1978 no es militante y admite su reforma total, siempre y cuando se respete el procedimiento. Un procedimiento rígido, gravoso, que supone una garantía democrática, que exige amplias mayorías parlamentarias y la participación directa del pueblo, primero en unas elecciones y luego en un referéndum final. Pero que previene derivas plebiscitarias a través de referendos previos que a la postre resultan profundamente divisivos y fomentan la polarización.