El pasado seis de octubre, estudiantes del colectivo constitucionalista S’ha Acabat! habían instalado una carpa informativa en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que fue destrozada por varias decenas de independentistas violentos que, durante
horas, les insultaron, acosaron y amenazaron.
El dispositivo de seguridad de la universidad fue insuficiente para proteger la carpa y a los estudiantes constitucionalistas. Además, la cuenta de Twitter UABmedia informaba en directo de una “concentración antifascista para protestar contra la presencia de S’ha Acabat”. A esto ha de sumarse la ausencia de la policía autonómica (Mossos d’Esquadra), lo que dejó en una situación de desprotección a los estudiantes constitucionalistas.
El equipo de gobierno de la UAB emitió un comunicado apelando a que las universidades deben ser «un ejemplo de convivencia pacífica y de ejercicio de libertad de expresión», reconociendo una “situación de tensión» pero condenando únicamente «la instrumentalización ideológica de determinados partidos políticos»; en ningún momento mostraron condena alguna a los agresores ni solidaridad con los agredidos.
Un día después, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se limitaba a expresar que “La Carta Magna Universitaria fundamenta la autonomía universitaria en la independencia de todo poder político, económico o religioso. Solo
con máximo respeto a la libertad de expresión y debate de ideas construiremos un mundo mejor. Empecemos en los campus”. Incurría así en la misma voluntad de no distinguir a los atacantes de sus víctimas. La CRUE obviaba además que esa misma
Carta Magna, suscrita por la mayoría de centros españoles, incluida la UAB, también proclama que “cada universidad debe garantizar a los estudiantes la salvaguarda de las libertades”.
La neutralidad institucional es una exigencia tanto a nivel constitucional español como de la normativa europea para todas las administraciones. En el caso de las universidades, dicha neutralidad es asimismo una salvaguardia de su autonomía para la producción y difusión del conocimiento. Episodios como el ocurrido en la UAB suponen un avance hacia un totalitarismo que todo demócrata debería condenar.
El ataque y la falta de protección a los estudiantes de S’ha Acabat! están precedidos por una toma de partido de los órganos de gobierno de las universidades en favor del nacionalismo, por la discriminación (reconocida por los tribunales) de los estudiantes
constitucionalistas y por la tolerancia institucional hacia el acoso que sufren estos estudiantes en los campus universitarios.
Con sus acciones y omisiones, el equipo de gobierno de la UAB consiente el señalamiento y la desprotección de los estudiantes agredidos. Los hechos son objetivamente muy graves. Debería investigarse no solo la actuación de quienes directamente atacaron la carpa informativa de S’ha Acabat! sino también la de quienes omitieron el obligado auxilio a los estudiantes afectados.
Al margen de posibles responsabilidades legales, el conjunto de la sociedad debe responder a la actitud, al menos pasiva, del equipo de gobierno de la UAB y de la CRUE, así como del Ministerio de Universidades y los responsables autonómicos en la materia. Si nuestro silencio se suma al de las instituciones, seríamos también cómplices de esta progresiva deriva que aleja a nuestra sociedad de los estándares democráticos. Tales estándares son incompatibles con que se prive de la palabra a un colectivo por medio de la violencia tolerada por los poderes públicos y, específicamente, por los órganos de gobierno de las universidades, que asumen una posición de especial responsabilidad en la garantía del ejercicio de todas las libertades, y muy especialmente la libertad de expresión, en los campus universitarios.
Por todo ello:
Carta publicada por el Foro de Profesores.
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