Pronto se cumplirá un año de la convalidación del Real Decreto-Ley 36/2020 que regularía la concesión de los fondos europeos. Sin embargo, el que se anunció como el cambio más importante y modernizador de la Administración para agilizar la llegada de los fondos ha entrado en ‘vía muerta’ tras sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas y enfrentarse a la realidad de que las estructuras administrativas central, regional y local no están suficientemente preparadas para una tarea tan compleja como ejecutar 140.000 millones en cuatro años, hacer llegar el dinero de forma distribuida al tejido productivo y lograr una puesta en marcha casi inmediata.
Pronto se cumplirá un año de la convalidación del Real Decreto-Ley 36/2020 que regularía la concesión de los fondos europeos. Sin embargo, el que se anunció como el cambio más importante y modernizador de la Administración para agilizar la llegada de los fondos ha entrado en ‘vía muerta’ tras sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas y enfrentarse a la realidad de que las estructuras administrativas central, regional y local no están suficientemente preparadas para una tarea tan compleja como ejecutar 140.000 millones en cuatro años, hacer llegar el dinero de forma distribuida al tejido productivo y lograr una puesta en marcha casi inmediata.
En este sentido, la prometida «nueva herramienta para mejorar la canalización de los fondos europeos», era en muchos sentidos peor que lo ya existente. Entre otras cuestiones, elevaba la probabilidad de desviar fondos en favor de los ‘lobbies’ más cercanos al poder e incluso creando el germen de nuevos casos de corrupción. El Gobierno de coalición optó por crear un nuevo sistema fuera de las coordenadas tradicionales de la intervención y supervisión administrativa y fuera de la Ley de Contratos del Sector Público, en vez de construir una alternativa desde dentro, lo que le hubiera restado burocracia a una Administración repleta de mecanismos obsoletos.
Afortunadamente, el cambio de Gobierno en julio y el parón legislativo en esta materia han eliminado de facto uno de los elementos más lesivos del «durmiente» proyecto de Ley: la dependencia de la concesión y gestión de los fondos de un «gabinete en la sombra» ubicado en la Presidencia del Gobierno sin control parlamentario. De hecho, la Comisión Europea ha apercibido a España por la arbitrariedad de como comenzó el primer reparto para el coche eléctrico, anunciando el presidente del Gobierno en una tribuna de El País y en una rueda de prensa quiénes iban a ser las empresas que iban a ejecutar este proyecto sin haber habido previamente concurrencia competitiva.
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