Coordinado por Consenso y Regeneración, ya son 52 las organizaciones civiles que han firmado el ‘manifiesto contra la derogación del delito de sedición y modificación del de malversación’.
Representantes de algunas de las entidades firmantes han realizado una ronda de reuniones en el Congreso de los Diputados con los diferentes grupos parlamentarios para exponerles sus razonamientos.
Madrid, 30 de noviembre de 2022
Representantes de algunas de las entidades firmantes han entregado, este miércoles, en el Congreso de los Diputados el ‘manifiesto contra la derogación del delito de sedición y modificación del de malversación’, coordinado por Consenso y Regeneración y ratificado por 52 organizaciones civiles españolas.
A la ronda de reuniones han asistido Isaura Leal, en representación del Grupo Socialista, Cuca Gamarra y Guillermo Mariscal, en representación del Grupo Popular, Iván Espinosa de los Monteros, en representación del Grupo Parlamentario de VOX, Jaume Asens, en representación del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Inés Arrimadas y Edmundo Bal, en representación de Ciudadanos, y Carlos García Adanero, Sergio Sayas, Isidro M. Oblanca y José María Mazón del Grupo Mixto.
Los firmantes de este manifiesto consideran que la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para la derogación del delito de sedición y para la modificación de los desórdenes públicos «responde a razones políticas coyunturales en lo que se ha presentado como una suerte de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida ‘desjudicialización’ del conflicto político catalán».
En este sentido, consideran que la adecuación de nuestro ordenamiento penal debe venir presidida por un amplio consenso político. Por ello, consideran inaceptable «que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos» y «sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos».
Además, el manifiesto exige que, de acometerse alguna reforma penal en España y dados los hechos acontecidos y las amenazas vertidas para el futuro, «esta contemple la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional» tal y como sucede en todas las democracias europeas. De no hacerlo supondría «una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia«.
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