El Foro de Profesores que usted coordina ha enviado hace unos días una carta al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, con copia a los gabinetes de la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen y del Vicepresidente para Exteriores, Josep Borrell. En ella le han recordado a Reynders las continuas burlas del gobierno autonómico catalán a la acción de la Justicia, a la ejecución de sentencias y, en general, a los sistemas judiciales español y europeo ¿Qué respuesta esperan de la Comisión?
No es la primera vez que nos dirigimos a la Comisión Europea, así que sabemos bien lo que se puede esperar de los Comisarios en asuntos como este. La Comisión siempre responde con rigor y seriedad a las peticiones ciudadanas y de la sociedad civil, y por ello animamos a los lectores de elCatalán.es a que le hagan llegar sus quejas cuando sus derechos se vean vulnerados por el ejecutivo autonómico y sus terminales.
La Comisión siempre responde y esto contrasta con la actitud de las autoridades españolas, tanto nacionales como autonómicas, que rara vez acusan recibo y, cuando lo hacen, suele ser para dar largas por “problemas de agenda” y excusas similares. No es baladí: en España no existe la misma cultura de servicio público. Los políticos con responsabilidades de gobierno deben darse cuenta de que están para servir a los ciudadanos, no para que se les rinda pleitesía.
Dicho esto, y aunque la Comisión suele reconocer los principios sobre los que fundamentamos nuestras quejas, sobre todo el referido al respeto a la acción de la Justicia, su respuesta suele ir en la línea de “animar” a las autoridades españolas a que resuelvan estos conflictos “internos” con arreglo a la Constitución y a los principios fundamentales comunitarios. Es decir, nos recuerdan algo que ya sabemos: que la Unión Europea tiene un poder limitado donde las autoridades nacionales hacen dejación de funciones.
Sin embargo, es muy conveniente seguir haciéndoles llegar nuestros testimonios: llegará el día en el que en España decidamos ponernos manos a la obra para solventar estas grietas que aparecen en nuestro sistema democrático por culpa del nacionalismo. Y, cuando ese día llegue, ojalá más pronto que tarde, será importante que hayamos hecho acopio de la evidencia para que nuestros argumentos no pillen a nadie de nuevas.
La Comisión tiene que saber lo que sucede en Cataluña. Que no nos vuelva a suceder lo de 2017, cuando ni la prensa, ni las autoridades, ni la opinión pública extranjera parecían tener constancia de que los catalanes “constitucionalistas” existían. En este sentido, es fundamental que desde la sociedad civil vayamos preparando el terreno, y todas estas iniciativas ayudan: ninguna es suficiente, pero todas son necesarias.
¿Ha dicho algo el Ministerio de Exteriores sobre la actitud de la Generalidad catalana de ‘vender’ su propaganda en otros países de la Unión Europea?
No tengo constancia de ello. Realmente solo hubo una época, pasajera, en la que Exteriores esbozó una estrategia para contrarrestar el relato secesionista en Europa. Fue la etapa que coincidió con paso de Josep Borrell por el ministerio, con la herramienta de España Global, que hoy ya ni siquiera existe. Tampoco entonces se trataba de un esfuerzo estructurado: su presupuesto era nimio, y más en comparación con la telaraña de entidades clientes de la Generalitat que se dedican a la propaganda exterior, pero al menos se podía contar con que la titular de España Global o algunos trabajadores de las embajadas se hicieran eco de las iniciativas de la sociedad civil.
Eso ya no sucede y, francamente, a veces cabe preguntarse para qué sirve nuestro entramado exterior. Las naciones utilizan ingentes recursos y establecen campañas a largo plazo para defender y modular su “marca país”. Nosotros, sin embargo, parece que delegamos nuestra imagen exterior en los nacionalistas. Es demencial, pero sabemos a qué dinámicas responde esta realidad: las derivadas de la degeneración del estado autonómico y de la aritmética parlamentaria.
El Foro de Profesores también ha enviado una carta a la ejecutiva de la City University de Nueva York señalando el carácter hispanófobo de la ANC, entidad separatista que organizó un acto en dicha universidad en el que se ponía al Estado de Derecho español a la altura de las dictaduras china, rusa e iraní. ¿No debería hacer esta labor el Gobierno de España?
En mi opinión, este tipo de evento debería al menos suscitar un escrito de la correspondiente embajada. No es muy difícil argumentar por qué es grotesco señalar a España, una democracia plena, como modelo de “represión” para regímenes tan deleznables como el ruso, el iraní o el chino. La ANC, como otras entidades del entorno del secesionismo catalán, cuenta con el músculo suficiente para organizar actividades propagandísticas en ámbitos universitarios extranjeros. No es inocuo: esto contribuye a consolidar un relato falso en el marco académico. Solo hay que ver los artículos que se han publicado desde 2017 sobre el Procés: la inmensa mayoría se enmarcan en parámetros favorables al nacionalismo, o de falsa equidistancia (entre la legalidad y la ilegalidad, por ejemplo).
¿Qué otros aspectos destacan ustedes en la carta que han dirigido a esta universidad norteamericana?
Quisimos hacerles ver que la ANC es una organización profundamente hispanófoba. No faltan pruebas para ilustrar esta afirmación. Y esto es algo que debe preocupar en una institución, la City University de Nueva York, en la que un alto porcentaje del profesorado y de los estudiantes es de habla española. Por otra parte, también quisimos destacar el absurdo de que un pueblo verdaderamente oprimido y desplazado por el imperialismo ruso (el de los Tártaros de Crimea) se vea arrastrado a un acto conjunto con un secesionismo catalán cuyas conexiones con el Kremlin fueron ampliamente documentadas por el propio New York Times, entre otros.
También formulamos una solicitud de transparencia para que la Universidad publicara las partidas económicas relacionadas con el evento. Esto es algo que cualquiera puede hacer, en la mayoría de países anglosajones. En Estados Unidos, la “Freedom of Information Law” establece que cualquier entidad pública (por ejemplo, la universidad) está obligada a informar a los ciudadanos del origen y la cantidad de cualquier tipo de financiación externa que reciba. En Reino Unido existe una ley prácticamente idéntica, el “Freedom of Information Act”.
Animaría a los lectores de elCatalán.es a que formularan este tipo de solicitudes siempre que sean testigos de eventos de esta naturaleza en el extranjero. Creo que después de la investigación del Tribunal de Cuentas que implicó, entre otros, a Andreu Mas Colell, la Generalitat es más cuidadosa a la hora de financiar directamente actividades que se encuentran fuera de sus amplios marcos competenciales. Sin embargo, esa financiación podría hacerse a través de entidades pantalla e intermediarios. Es fundamental que tanto dichas entidades como las universidades anfitrionas sepan que queremos conocer de dónde viene el dinero que se utiliza para denigrar a España.
¿Reciben el Foro de Profesores algún tipo de apoyo del Gobierno de España en su incansable labor de intentar defender la imagen de nuestro país en el extranjero ante los ataques del independentismo?
No, no recibimos apoyo de ningún tipo, y lo podemos proclamar con total franqueza y transparencia. Tampoco hemos buscado ese apoyo, puesto que no es algo que esté en la naturaleza del Foro: somos un verdadero grupo de sociedad civil, y esto no es compatible con recibir financiación pública. Y digo que somos un grupo “verdadero” porque en España abundan las entidades que se hacen pasar por agrupaciones civiles sin ser más que tentáculos de un gobierno, generalmente autonómico. La propia ANC es un ejemplo palmario de ello.
¿Y de otras instituciones públicas que estén en manos de otros partidos que no tengan pactos con partidos separatistas?
Tampoco, por el mismo motivo. Esto no quiere decir que no colaboremos con políticos que comparten nuestros objetivos, que los hay, sobre todo en el parlamento europeo. Eso sí, no recibimos ni dinero, ni instrucciones, ni siquiera sugerencias acerca de nuestra actividad. Nuestras acciones se rigen exclusivamente por nuestros valores compartidos: la defensa de la España democrática como garante último de los derechos de quienes todos los días tenéis que convivir con una administración autonómica abiertamente hostil. Queremos que vuestra historia se conozca en el extranjero, porque merece ser contada, y porque solo desde ese conocimiento se podrá avanzar hacia las verdaderas soluciones.
Entrevista publicada en El Catalán.es.
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