El mes pasado una comisión del Parlamento Europeo envió un requerimiento al Gobierno español y a la Generalitat solicitando el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25 % de las clases en español. Incluso enviará una delegación a ver cómo están las cosas. La buena noticia fue celebrada con entusiasmo entre muchos catalanes constitucionalistas. Reciben tan pocas. Y están tan desamparados. Como esos aficionados de los equipos comparsa de la liga que celebran como si hubieran ganado la Champions que su equipo esté tres puntos por encima del descenso.
Los más veteranos somos más cautelosos. Por dos razones. La primera, porque en lo que atañe al relato internacional los golpistas ganan por goleada. Son muchos años y muchos dineros dedicados a engrasar las voluntades de los más singulares comités de la ONU, por no hablar de periodistas de respetables medios internacionales como el inefable Raphael Minder, aunque creo que, en su caso, la ignorancia es involuntaria, un subproducto de la estulticia. La segunda razón es que tales informaciones pasan desapercibidas en nuestro degradado ecosistema político o informativo. Aquí lo que importa, y abre tertulias y editoriales durante varios días, son las berreas en un colegio mayor.
La verdadera noticia es que nos contentemos con tan poca cosa. Resume impecablemente el estado de la cuestión: sin esperanza pero -de momento- con convencimiento. Los catalanes respetuosos con la ley y la justicia no es que no nos fiemos del Gobierno autonómico, es que no nos fiamos del Gobierno de España. Nos quedaría Europa. Para llorar, porque mal estamos si toda nuestra expectativa se reduce a que la UE nos proteja de nuestras autoridades nacionales. Una expectativa, por lo demás, de endeble fundamento, por lo que vamos conociendo de la trastienda del otoño de 2017. Por mi parte, ya solo me fío de la divina providencia. Y soy ateo.
Con todo, que puedan escucharse nuestras voces en Europa ya es algo. Las cosas pudieron ser peores. Y lo fueron durante muchos años en los que el relato nacionalista se impuso sin réplica alguna. Más exactamente, con el silencio, cuando no la aquiescencia -y hasta la complicidad- de los grandes partidos nacionales. Si las cosas han cambiado es por la activa presencia de Ciudadanos en Europa.
Ciudadanos introdujo en la política, en Europa y en España, nuestro mayor problema político -por condición de posibilidad de todos los demás-, ese que todos quisieron escamotear: la descomposición de un Estado, comenzando por unos gobiernos que abandonaron su compromiso fundacional -inseparable de su legitimidad- de cumplir y hacer cumplir la ley. A pesar de ser tan elemental, no es poca cosa. Desde la consolidación de Ciudadanos, todos están obligados a retratarse. El PSOE ya lo ha hecho. Y no ha quedado muy bien. Con más precisión: a estas alturas carece de toda legitimidad para descalificar a Vox por falta de respeto a la Constitución. Y no estoy elogiando a Vox.
Seguramente, Ciudadanos tiene poco futuro político. Pero, sea cual sea su porvenir, sí tiene un pasado honroso que los historiadores, cuando pasen los años, no podrán ignorar. Desde aquellos tres diputados en las elecciones al Parlamento catalán del uno de noviembre de 2006, obtenidos en las condiciones más hostiles, el reto más importante de nuestra convivencia ya no puede ser orillado: la preservación de la España constitucional.
Artículo de Félix Ovejero publicado en El Mundo.
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