La contratación pública de suministros por vía de emergencia, como la practicada por las administraciones con ocasión de la epidemia de Covid, ha estado lastrada por algunas rémoras, tal como han mostrado los informes de supervisión realizados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y por el Tribunal de Cuentas. Este último, más reciente que el anterior, aclara que los «organismos fiscalizados actuaron dentro del marco legal» y en ningún momento califica tales rémoras de irregularidades. Los aspectos a los que se refiere aluden a la comprobación de la capacidad contractual de los adjudicatarios, su solvencia económica y técnica, y su experiencia previa; también a la ausencia de concurrencia en los suministros. A ello, la oficina mencionada añade, sobre todo, problemas relativos a la transparencia –pues en un 27% de los contratos no se publicó la información requerida– y a la vinculación específica del contrato con la emergencia sanitaria.
Curiosamente ninguno de los aspectos que acabo de mencionar –salvo el referido a la experiencia del suministrador– afecta al que podríamos considerar como «el contrato de marras», el único del que se habla en los medios, el que ha dado lugar a la voladura del PP por su propio presidente. Me refiero naturalmente al que vincula al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid con un suministro de mascarillas en los primeros meses de la epidemia. Un contrato que no sólo fue gestionado con todas las bendiciones procedimentales y publicado en el portal de transparencia, sino que resultó supervisado por la Cámara de Cuentas sin que hubiera lugar a objeción alguna de este órgano de control externo, económico y presupuestario, del gobierno autonómico.
Así, pues, no se entiende muy bien que el contrato de marras haya sido el motivo para que Casado haya extendido la sombra de una duda acerca de la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso. Una sombra que ha sido inmediatamente aprovechada por la izquierda para enmerdar un debate político en el que los argumentos –no digamos las pruebas–brillan por su ausencia y en el que una asimetría moral maniquea condena por principio a la derecha. Mientras tanto, la gente común asiste perpleja a este desbarajuste. Lamentablemente también esto es España.
Artículo de Mikel Buesa publicado en La Razón.
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