Los intereses de España, como nación, nunca han sido suficientemente defendidos por ningún Gobierno. Por puro partidismo, demasiadas veces han hecho mal uso por acción u omisión de los recursos que la CE les otorgan. En una pulsión irresponsable y disolvente del marco común del Estado de derecho, todos han ido cediendo al chantaje nacionalista, utilizándonos como moneda de cambio, cuando han estado en mayoría relativa –tampoco han querido molestarlos cuando las mayorías han sido absolutas. Tantas dádivas a las elites políticas y económicas que controlan las Instituciones de esta Comunidad –lo mismo que ha ocurrido con la CAV–, lejos de contentarlas, las han hecho cada vez más insolidarias. Las competencias y recursos transferidos se utilizan para ir contra el Estado que representan, subvirtiendo los valores constitucionales y predicando algo tan peregrino como que la democracia está por encima de las leyes. En esta larga deriva hacia el totalitarismo, ha habido muchos colaboradores, pero el grado de legitimidad otorgado a los delincuentes (juzgados y condenados con todas las garantías procesales) por parte de este Gobierno, no tiene parangón. Los indultos a los sediciosos y malversadores de fondos públicos han supuesto una auténtica condena a los constitucionalistas, así como una cierta desafección hacia esa España que pasa de nosotros.