Como es sobradamente conocido, el Tribunal de Cuentas (que es el órgano constitucionalmente encargado de fiscalizar las cuentas del Estado) ha abierto un expediente por responsabilidad contable a cuarenta líderes del “procés”, como consecuencia de los fondos públicos utilizados de manera ilegal para la promoción exterior de los planes independentistas. La multa global gira en torno a los diez millones de euros, aunque no se sabe todavía el grado individual de responsabilidad que puede alcanzar a cada uno de ellos. Por supuesto, la sanción sería recurrible (concretamente ante el Tribunal Supremo, o incluso, en su caso, ante el Tribunal Constitucional) sin perjuicio de gozar de la correspondiente ejecutividad, que cabe suspender mediante la constitución de la pertinente garantía.
En realidad, nada muy diferente de lo que pasa todos los días con el funcionamiento ordinario de la Administración y conoce bien todo hijo de vecino. Quizás la única peculiaridad de este Tribunal (que tiene una naturaleza jurídica especial, más cercana a la jurisdiccional que a la administrativa) es que se supone mucho más independiente que otros órganos administrativos que actúan con la misma o con mayor contundencia (como Hacienda), aunque es obvio que no se ha librado de sufrir el asalto partitocrático que lleva décadas amenazando todas nuestras instituciones, y al que tanto han contribuido los partidos políticos mayoritarios, incluidos los nacionalistas. El que tenga interés puede consultar el informe que al respecto realizó hace unos años la Fundación Hay Derecho.
Pues bien, resulta que entre los expedientados se encuentra el Sr. Mas Colell, uno de nuestros más conocidos y reputados académicos. Pero el Sr. Mas Colell no está expedientado por esa condición, sino por haber sido Consejero de Economía de la Generalitat bajo la presidencia de Artur Mas hasta 2015 y, en consecuencia, responsable de los correspondientes presupuestos. Aunque la deriva independentista de ese Gobierno ya era evidente, no sabemos hasta qué punto se concreta la responsabilidad del Sr. Mas Colell en ese desvío de fondos. Eso lo saben los técnicos y consejeros del Tribunal que han considerado que merecía estar incluido en el expediente, y los abogados de dicho señor que han podido acceder al mismo.
Pero este desconocimiento técnico no ha impedido que se cree una importante movilización entre académicos nacionales y extranjeros denunciando la injusticia de dicha situación. Iniciada por su hijo Alex, ha contado con muchos apoyos en España y fuera de ella. Lo verdaderamente chocante del caso, es que todos los apoyos y artículos publicados a su favor parecen necrológicas, en las que se glosan los indudables méritos académicos y también políticos de la persona expedientada, pero en donde no se dice ni una sola palabra acerca de la posible incorrección técnico-jurídica de la propuesta de sanción.
Esta circunstancia me parece extraordinariamente reveladora de la actual situación catalana y española, porque recuerda enormemente a los alegatos de los abogados en la Atenas clásica cuando se llevaba a juicio en la asamblea a un acusado, prominente o no, y que tan bien nos han transmitido Isócrates y Antifonte, entre otros. Cuando uno lee esos textos, lo que más le llama la atención es que tanto la acusación como la defensa no se centran en las pruebas que acreditan ciertos hechos y en las normas aplicables, sino en los méritos y el carácter del acusado. No discuten si está probado o no que estuvo en tal sitio a tal hora y si los testigos son fiables, sino en torno a si se trata de un ciudadano excelente (o réprobo) que ha contribuido como ningún otro (o nada) a la prosperidad de la ciudad.
Cuando uno reflexiona un poco buscando una explicación, se percata de inmediato de un dato que a veces pasa desapercibido. Y es que Atenas podía ser una democracia, pero no era desde luego un Estado de Derecho. El tribunal no estaba compuesto por jueces especialistas, sino por ciudadanos normales y corrientes que, de manera inevitable, valoraban la utilidad para la ciudad del acusado en cuestión, de su condena o de su absolución. Uno que había llegado a ser demasiado poderoso, y por eso mismo peligroso, podía merecer el exilio, con independencia de lo que hubiera realmente hecho, y, al contrario, un ciudadano podía ser absuelto más por sus méritos pasados o por la expectativa de seguir generándolos que por la ausencia de pruebas en su contra.
Hoy sabemos, o deberíamos saber a estas alturas, tras la Ilustración y las revoluciones burguesas, que una democracia sin Estado de Derecho no es una verdadera democracia, porque no respeta, entre otros fundamentales, el principio de igualdad ante la ley. Un principio tan básico y elemental que no puede exonerarlo ni la propia ley general (ordenando, por ejemplo, que un catedrático de una universidad top que se pasa a político no deberá asumir responsabilidad contable alguna, o, quizás algo incluso más útil, que por cada artículo que a uno le publiquen en una revista de impacto te quiten dos multas de tráfico). Menos aun puede hacerlo una ley particular en beneficio de un señor determinado (lo que técnicamente se denomina “privilegio”). Todavía menos una decisión administrativa o jurisdiccional que exonerase de una falta probada en consideración a los méritos pasados del correspondiente sujeto (que incurriría en manifiesta arbitrariedad y, por supuesto, en prevaricación). Y, evidentemente, tampoco la opinión de un determinado sector social, por muy movilizado que esté.
Lo chocante de esta iniciativa a favor del Sr. Mas Colell, por consiguiente, es que pone nuevamente de manifiesto la total falta de comprensión que existe hoy en España, y especialmente en Cataluña, sobre la íntima conexión entre democracia y Estado de Derecho. El respeto a las normas y procedimientos no es un obstáculo a la justicia democrática, sino su única garantía. Lo que no deja de conllevar, por otra parte, grandes beneficios públicos, porque la historia nos demuestra insistentemente que, cuando no se respeta ese principio en un caso particular, enseguida muchos otros se apuntan a la barra libre, vaya usted a saber por qué, con resultados normalmente desastrosos. Así que, como ocurre con todo hijo de vecino, dejemos que el expediente del Sr. Mas Colell concluya, que se concrete la sanción, y esperemos pacientemente el recurso y la decisión del Tribunal Supremo. En una democracia no tenemos otra cosa mejor para conocer la verdad.
Ah, por cierto, y para aquellos preocupados por la neutralidad de nuestras instituciones, desde el Tribunal de Cuentas hasta los Tribunales de Justicia, les dejo aquí este link donde pueden hacer una aportación económica a nuestra Fundación, que desde su origen lleva luchando casi en solitario por la fortaleza de nuestras instituciones, tan amenazadas desde hace décadas por los hunos y los otros.
Artículo de Rodrigo Tena Arregui publicado en Expansión.
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