Lo que el separatismo llama catalangate, el espionaje a los móviles de diversos líderes independentistas mediante el programa Pegasus, debería llamarse golpistasgate, porque el monitoreo de smartphones no se ha hecho a todos los catalanes, sino a un puñado de golpistas y compañeros de viaje de los sediciosos. Esto no quiere decir que yo justifique esta acción de seguimiento, porque España es un país democrático de primer orden y ha de respetar los derechos civiles de todos sus ciudadanos, también los de los golpistas que pretenden acabar con nuestro sistema de libertades. Para eso están los jueces, para decidir cuándo se ha de intervenir un teléfono, y no necesitamos aprendices de brujo que jueguen a estar por encima de la justicia actuando sin respetar la ley.