¿Pactos con los extremos? Cuestión de aritmética

¿Debemos creer al político que promete que no pactará con fuerzas extremas si gana las elecciones? Si revisamos el pasado más reciente –sobre todo desde la ruptura del bipartidismo en las Elecciones Generales de 2015– la respuesta es un “no” rotundo. En los últimos seis años en los diferentes comicios generales, autonómicos y locales, en el momento de establecer los pactos de gobierno, se ha impuesto la voluntad de uno de los dos grandes partidos (con independencia de si habían obtenido o no la mayoría de los votos) de gobernar construyendo un bloque que integrara a otros partidos, entre los cuales se encontraban fuerzas extremas, sin las cuales no podía formarse gobierno posible. En algunos casos, los extremos entraban a formar parte del gobierno y en otros quedaban como apoyos parlamentarios externos.

Por tanto, la opción de pactar o no con fuerzas políticas extremas, sea en la izquierda o en la derecha, no es más que una cuestión de aritmética, habida cuenta del equilibrio inestable en las mayorías electorales desde hace más de un lustro. En este sentido, la ciencia y el estudio de cuáles son los posibles números que dibujen un determinado tipo de gobierno u otro al minuto después de que se cierre el escrutinio de los votos, se ha vuelto imprescindible para que los ciudadanos puedan confiar o no en la palabra dada por cualquiera de los candidatos cuando estos son interrogados en los medios acerca de cómo imaginan los pactos postelectorales.

Aunque los candidatos siempre se resisten a hablar de con quién pactarán o no para gobernar, saben perfectamente quiénes son los socios más probables y qué tipo de pactos tácitos y mensajes subliminales son los que les pueden proporcionar una mayor rentabilidad en términos de votos. En este sentido, hurtar a los votantes esta información es jugar con ventaja, haciendo creer a los votantes algo que luego será muy distinto en la práctica. ¿Cuántos de los votantes socialistas dieron su confianza a Pedro Sánchez cuando éste negaba con rotundidad pactar con Podemos, los separatistas o incluso Bildu? ¿Y cuántos de estos no lo hubieran hecho si Sánchez hubiera manifestado, al menos, la posibilidad de que fueran necesarios tales pactos?

Evidentemente, el proceso electoral está sujeto a incertidumbre, pero el actual marco político genera escenarios más que probables de pactos. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde estamos observando cómo el flujo informativo se centra en ver cuál va a ser el gobierno regional y los pactos que lo conformará. El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ya ha mostrado públicamente sus intenciones para intentar gobernar en unas elecciones en las que no habrá, en principio, un ganador por mayoría absoluta. Para el profesor Gabilondo, lo ideal sería evitar pactar con el candidato de Podemos, siendo socios del PSOE en el Gobierno de España. “Con este Iglesias, no”, dice el candidato, pero ¿se lo podrá permitir? Este ha manifestado sus pretensiones a pactar con la formación de Íñigo Errejón, Más País, y con Ciudadanos; una apuesta que alejaría el extremismo y el “clima de confrontación” (en palabras de Gabilondo) que crea el exvicepresidente del Gobierno.

Por parte de la candidata del Partido Popular y actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que parte según las encuestas como clara favorita, solo le quedaría un posible pacto con Vox, tras la explosión del gobierno madrileño del PP y Cs. Las últimas informaciones de la prensa nacional apuntan a que el líder de los ‘populares’, Pablo Casado, le ha manifestado a Díaz Ayuso su rechazo ante un posible gobierno de coalición con los extremistas de Vox.

La aritmética es fundamental para plasmar en realidad estas intenciones. Tomando la última encuesta proporcionada por GAD3 para el diario ABC, el PP obtendría entre 57 y 59 diputados; seguido por el PSOE (39-41), Más Madrid (15-17), Vox (14-16) y Podemos (7); como únicos partidos con representación en la comunidad. Queda un mes para los comicios, pero como vemos y como ya hemos visto en cantidad de ocasiones, la palabra del político queda supeditada a sus posibilidades de llegar al poder, sin valorar fríamente las consecuencias a todos los niveles que esa decisión puede tener en la población.

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