Según parece el gobierno está dispuesto a acabar con la realización de los exámenes de recuperación —y con la repetición del curso— en la ESO porque, según la doctrina emanada del lobby pedagogista del PSOE «la repetición es un factor de desigualdad social». De ello se colige que, para los defensores de tan singular doctrina, la igualdad exige ineludiblemente eliminar la valoración de los estudiantes a través de pruebas finales que reflejen sus competencias y conocimientos. Además, dicen que la raíz de esta diferenciación entre los escolares tiene una naturaleza económica, pues unos pertenecen a familias que «pueden costearse los repasos en verano» y otros en cambio no, lo que deriva en «una enorme brecha» entre los primeros y los segundos. El argumento, sin duda, puede tener algo de cierto, aunque sorprendentemente los socialistas no proponen medidas redistributivas para atajar el problema —como podría ser la concesión de becas para costear la preparación de las recuperaciones o también la contratación pública de profesores con esa finalidad—. No es así y lo que se propone es crear la ficción de una igualdad entre todos los colegiales a través del expediente de considerarlos a todos aprobados.
Ciertamente hay matices, pues la argumentación del PSOE hace descansar la decisión última sobre este asunto en los profesores, de manera que éstos sean los que «con total autonomía» decidan colegiadamente si un alumno debe pasar de curso o no. Sin embargo, en el ámbito escolar, no sabemos qué significa ese concepto de «total autonomía», pues los docentes están sujetos a una cierta disciplina que emana tanto de la dirección de los centros como de la inspección de enseñanza y no son infrecuentes los casos en los que, generalmente bajo la presión de los padres de alumnos suspensos, se ven obligados a rectificar sus decisiones evaluadoras. Además, podría darse la situación —nada teórica, por cierto— de alumnos que son aprobados administrativamente con la finalidad de deshacerse de ellos.
Así que, aunque desde el partido socialista se sostiene que no se van a poner «límites o cortapisas normativas a la capacidad de decisión de los docentes», la credibilidad de tal desiderátum está en entredicho, especialmente entre los sindicatos de profesores, que sostienen que aquel planteamiento sólo conduce a la inseguridad jurídica.
Por otra parte, el lobby pedagogista afirma que suspender o repetir no «hace esforzarse más a los alumnos». Aunque seguramente esto no sea cierto, lo que no se entiende es que, sin exámenes ni recuperaciones, el estímulo al estudio vaya a ser mayor. Todo lo contrario, lo que cabe esperar es que el bajo rasero acabe derivando en un empeoramiento del nivel educativo de los escolares. Las pruebas de PISA lo llevan mostrando ya desde hace mucho tiempo, de manera que lo que se deriva de ellas es una imagen de mediocridad generalizada. La baja exigencia que ya existe en el sistema educativo obligatorio ha dado lugar a malos resultados y no parece que medidas como la que estoy comentando vayan a cambiar esto.
Pero retomemos el argumento de la desigualdad porque ésta no sólo estriba en poderse pagar o no unas clases particulares sino, sobre todo, en las consecuencias que se derivan del rendimiento escolar para el empleo. Porque, digámoslo con claridad, en la España actual la obtención del título de la ESO —con recuperaciones y repeticiones de curso o no— no es una garantía para obtener un puesto de trabajo, tal como muestran los resultados de la Encuesta de Población Activa con total claridad. En España, según la última edición de ese instrumento estadístico hay 3.543.800 parados. En este grupo de trabajadores desempleados algo más del 45 por ciento llegaron, como mucho, a cursar la ESO y obtener el título correspondiente. Y ahí las tasas de desempleo son abrumadoras: 30,8% entre los analfabetos —que apenas superan los treinta mil parados—, 28% entre los que no completaron la educación primaria —otros 57.000—, 26,4% entre los que sí lo hicieron —algo más de 257.000— y 20,3% entre los que cursaron la parte obligatoria de la secundaria, obteniendo o no el título —que suman 1.269.200—. Estas tasas están muy por encima del 15,3% de la media general del paro. A tan sólo dos puntos por encima se encuentran los que completaron el bachillerato o la formación profesional —hablamos de 983.800 parados—. Y únicamente entre los titulados universitarios la tasa de paro baja de la media y se ubica en el 9,5% —con unos efectivos cifrados en 955.900—.
Queda claro así que repartir sin merecimiento títulos de la ESO no garantiza en nada la igualdad en materia de empleo y, por ende, de renta. Más aún, si como se ha sostenido por los representantes del profesorado y de las familias la supresión de los exámenes va a conducir a «rebajar el nivel (de la ESO) para igualar por abajo», lo más probable es que los empleadores rechacen aún más que ahora, por insuficiente, este segmento educativo. Y si esto fuera así, entonces, las tasas de paro para sus egresados podrían elevarse por encima de su nivel actual. Un titulado de la ESO será, de este modo, un paria social, tanto por la dificultad que va a tener para encontrar empleo, como por su incapacidad —debido a su deficiente formación básica— para progresar en el nivel educativo, sea en el bachillerato o la FP, sea en los estudios universitarios. El dilema entre repetir curso en la adolescencia o fracasar en la vida laboral adulta está servido.
Artículo de Mikel Buesa publicado en Libertad Digital.
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