La intención del Gobierno de España de reformar el delito de sedición para beneficiar a los delincuentes pasados y futuros del independentismo es de una gravedad extraordinaria, pero no puede sorprender a nadie, porque llevan siendo sus socios toda la legislatura y esa propuesta ya se conocía. La intención de llevarla a cabo para converger con otros países de la Unión Europea es una simple excusa, la verdadera razón es que necesita a sus socios, y estos socios se la exigen. Más allá de que la razón dada por el Gobierno sea falsa (en otros países las penas por conductas equivalentes son incluso más elevadas que las españolas), lo que realmente nos diferencia de otros países de nuestro entorno es que allí no existen sediciosos que pretendan revertir el orden constitucional y, si existen, los tienen a buen recaudo y no los indultan; y, desde luego, no negocian la reforma de un delito para reducir las penas con quienes han delinquido una vez y prometen volver a hacerlo. Es como si negociáramos y pactáramos con Arnaldo Otegi la reducción de penas por delito terrorista. Pero es lo que necesita Sánchez para seguir en la Moncloa. La duda es si Feijóo es consciente del tipo de adversario político al que se enfrenta.